Luego de varias horas de audiencia, los dos funcionarios de la Gobernación del Beni, detenidos por el caso de fondos en avance, fueron beneficiados con medidas sustitutivas a la detención preventiva que había solicitado el Ministerio Público. A Romy I.S. y Francisco R.A. se les otorgó detención domiciliaria con derecho al trabajo, así lo determinó el juez Núñez Vela, del juzgado anticorrupción y de violencia contra la mujer.

“El juez ha determinado la concurrencia de probabilidad de autoría por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y daño económico al Estado. Sin embargo, ha decidido aplicar medidas menos gravosas conforme al artículo 231 bis. El Ministerio Público, al no estar conforme con esta decisión, ha solicitado la apelación”, aseguró al concluir la audiencia el fiscal titular, Marcelo Flores.

Flores afirmó que el Ministerio Público acreditó la documentación sobre los riesgos procesales de ambos detenidos. “El M.P. hizo uso de su recurso de apelación incidental a la decisión del juez en relación a las medidas cautelares impuestas, ya que el Ministerio Público acreditó documentalmente los riesgos procesales de fuga y obstaculización”, aseguró el fiscal titular.

En cuanto a la orden de aprehensión, Flores aseguró que sigue vigente la orden contra un tercer imputado, Abelardo Y.R.B. “La otra orden de aprehensión está aún vigente y es conforme al artículo 224, para prestar su declaración informativa”, declaró Flores.