A las siete de la mañana, cuando la ciudad apenas despierta, el dinero ya está en movimiento. No se ve, no hace ruido, no vota, pero decide. Decide campañas, decide contratos, decide silencios. En América Latina, la política empieza mucho antes de las urnas y termina mucho después de los discursos. Empieza en sobres que no dejan rastro y termina en balances que pocos entienden. En el papel, el juego es limpio: las reglas están escritas, la democracia funciona, las instituciones existen. Pero en los márgenes —donde casi nadie mira— el juego se ensucia y se vuelve norma. Durante la campaña electoral los candidatos hablan de ética, transparencia y futuro, prometen orden, justicia y crecimiento, mientras la competencia real no es de ideas sino de financiamiento. Quien consigue más recursos llega más lejos y no todos los recursos son iguales. Hay dinero que llega con nombre, apellido y factura, y hay otro que llega sin preguntas, sin trazabilidad y sin memoria. Ese dinero no busca ganar elecciones, busca comprarlas, y para hacerlo necesita un proceso silencioso que lo haga aceptable: el lavado. El dinero sucio no nace en la política, pero allí encuentra refugio, porque viene del narcotráfico, de la minería ilegal, de la evasión fiscal y de redes criminales que aprendieron que el poder político es la inversión más segura. Primero se disfraza, pasa por empresas de papel, fundaciones, consultorías y cooperativas, luego se mezcla con dinero limpio hasta que nadie distingue su origen y cuando finalmente entra a una campaña o a un partido ya parece legal y nadie vuelve a preguntar de dónde vino, solo importa a dónde llega. Una vez ganadas las elecciones el juego sucio cambia de escenario, deja de convencer votantes y pasa a recuperar la inversión. Aparecen los contratos direccionados, las licitaciones amañadas y las regulaciones hechas a medida, el Estado deja de ser árbitro y se convierte en botín, las decisiones públicas ya no responden al interés general sino a quienes financiaron el acceso al poder y la política deja de gobernar para administrar favores. El daño no se queda en la política porque el dinero lavado necesita crecer, multiplicarse y legitimarse, entonces entra a los mercados de capitales, compra acciones, infla activos, mueve precios y no busca eficiencia ni innovación sino esconderse y reproducirse. Empresas sin sustento real reciben inversiones millonarias, proyectos inviables sobreviven gracias a respaldo político y mientras tanto las inversiones productivas con impacto humano, ambiental y energético quedan fuera del juego, no porque sean malas sino porque no pagan protección. El mercado, que debería asignar recursos con racionalidad, empieza a operar con lógica mafiosa y el costo no siempre aparece en las estadísticas oficiales, pero se siente en hospitales sin insumos, en escuelas deterioradas y en sistemas energéticos obsoletos. El ciudadano común no ve el lavado de dinero ni la manipulación financiera, pero paga sus consecuencias con impuestos mal usados, servicios deficientes y oportunidades perdidas. El discurso del juego limpio sigue intacto en campañas y discursos, pero mientras el juego sucio siga siendo rentable seguirá dominando la cancha, porque en este partido hacer trampa no solo no se castiga sino que se premia. Romper este ciclo no depende solo de leyes más duras ni de discursos morales, depende de instituciones que funcionen, de mercados vigilados y de una ciudadanía que deje de normalizar lo que destruye su propio futuro. En América Latina el problema no es que no sepamos cómo debería jugarse el juego, el problema es que demasiados aprendieron a ganar ensuciándolo y mientras eso ocurra la política seguirá siendo menos un espacio de servicio público y más una operación financiera encubierta, donde el juego limpio no está perdido, pero hoy, claramente, juega de visitante.