La eliminación del subsidio a los hidrocarburos en Bolivia, que eleva el precio de la gasolina de 3.74 a 6.96 bolivianos y encarece el diésel, no es una medida aislada ni meramente técnica. Es una señal clara de agotamiento del modelo económico que sostuvo precios bajos durante casi dos décadas y un giro hacia un ajuste que, de no manejarse con cuidado, puede tener consecuencias sociales profundas. En este punto, la experiencia reciente de Argentina bajo el gobierno de Javier Milei ofrece un antecedente cercano y aleccionador.

Reflexionemos el precio de sincerar la economía bajo el argumento oficial de eliminar el subsidio de los hidrocarburos, ya que el Estado, ya no puede sostener constantes los precios del combustible sin poner en riesgo la estabilidad fiscal, las reservas y la sostenibilidad del modelo. En términos contables, la lógica es difícil de refutar. Los subsidios a los combustibles representan miles de millones que presionan el déficit, incentivan el contrabando y distorsionan los precios relativos.

Este mismo diagnóstico fue el punto de partida del programa económico de Milei en Argentina: Con un discurso radical de “déficit cero”, su gobierno avanzó rápidamente en la eliminación de subsidios a tarifas, transporte y energía, acompañado de una fuerte devaluación. El resultado fue un ordenamiento fiscal acelerado, pero también un shock inflacionario que licuó salarios, jubilaciones y ahorros.

Bolivia parece transitar ahora una senda similar, aunque con una diferencia clave: Su economía y su estructura social son más frágiles frente a aumentos abruptos de precios. El combustible no es un bien más; es el insumo transversal de toda la economía. Cuando sube, sube todo.

El incremento del precio de la gasolina y del diésel se traslada casi de forma automática al transporte público, al costo de los alimentos, a la distribución de mercancías y a los servicios básicos. En Argentina, este efecto dominó disparó la inflación mensual a niveles que no se veían en décadas, reduciendo el poder adquisitivo de la mayoría de la población en cuestión de semanas.

En Bolivia, el riesgo es similar. La diferencia es que aquí el contrato social se construyó sobre la estabilidad de precios y el rol activo del Estado como amortiguador de crisis. Romper ese acuerdo de manera abrupta puede generar una reacción social más intensa que la observada en Argentina, donde la sociedad está, en cierto modo, acostumbrada a ciclos de ajuste y crisis.

El ajuste del combustible llega, además, en un momento especialmente sensible: El pago de aguinaldos. Para las empresas, en particular las pequeñas y medianas, el aumento de costos operativos reduce la liquidez justo cuando deben cumplir con una obligación laboral ineludible.

En Argentina, el gobierno de Milei optó por no intervenir: Dejó que el mercado “ajuste” por sí mismo. El resultado ha sido un aumento del cierre de pymes, despidos y crecimiento de la informalidad. Si Bolivia adopta una postura similar, el escenario es preocupante. El incumplimiento de aguinaldos, los conflictos laborales y la precarización del empleo pueden convertirse en una consecuencia directa del ajuste energético.

La liberalización de las exportaciones aparece como una de las respuestas para compensar la pérdida de subsidios y la escasez de divisas. La idea es simple: Vender más al exterior para que ingresen dólares. Milei apostó fuerte por este camino, eliminando controles y restricciones. Sin embargo, los beneficios han sido desiguales. Algunos sectores exportadores ganaron competitividad, pero el mercado interno sufrió aumentos de precios y menor disponibilidad de productos.

En Bolivia, liberar exportaciones sin mecanismos de protección del mercado interno puede agravar el impacto inflacionario. Los productores, incentivados por mejores precios externos, pueden priorizar el mercado internacional, mientras los consumidores locales enfrentan escasez y precios más altos. La experiencia argentina muestra que la liberalización, sin amortiguadores sociales, tiende a profundizar desigualdades.

El debate de fondo no es si Bolivia debe o no corregir distorsiones. La necesidad de ajuste es real. El dilema es cómo hacerlo. El camino del shock, como el elegido por Milei, tiene la ventaja de la rapidez y la claridad fiscal, pero también el costo de una fuerte recesión y un deterioro social acelerado.

Bolivia aún tiene margen para optar por una transición más gradual: Aumentos escalonados, compensaciones focalizadas para los sectores más vulnerables, apoyo temporal a transportistas y productores, y mecanismos que faciliten el cumplimiento de obligaciones laborales como el aguinaldo. Ajustar no es solo sumar y restar en una planilla fiscal; es administrar expectativas, proteger a los más débiles y sostener la cohesión social.

La lección de la Argentina no debe ignorarse, está mostrando que el equilibrio macroeconómico puede lograrse, pero a un costo social muy alto. Bolivia haría bien en mirar ese espejo con atención. El ajuste puede ser inevitable, pero repetir los errores ajenos no lo es. La diferencia entre una corrección responsable y una crisis social está en el diseño y en el ritmo de las decisiones.