Estas medidas se aplican desde la etapa de inscripciones y se aplicarán a lo largo de toda la gestión educativa.

Entre las principales prohibiciones establecidas está el no al incremento de pensiones. “Se prohíbe aumentar las pensiones escolares sin justificación y sin la autorización correspondiente”, detalla el documento.

También están prohibidos los exámenes para ingresar: No se podrán exigir pruebas de admisión para el ingreso de estudiantes a las instituciones educativas.

Está prohibido exigir uniforme. Las escuelas no pueden obligar a los estudiantes a portar uniforme específico como condición para su inscripción.

También no se permitirá la imposición de comprar de uniformes o material escolar en un lugar específico o determinado.

Con ello se añade que está prohibida: la venta obligatoria de uniformes de cada colegio; no se permitirá la compra de material de una librería o editorial específica:

Está prohibido rechazar a estudiantes con discapacidad para garantizar su derecho a la educación.

 No sé puede restringir inscripciones por deudas de pensiones actuales o anteriores. A eso se añade la disposición que ordena que no se podrá sacar del aula a los estudiantes debido a retrasos en el pago de pensiones.

El boletín establece que se prohíbe rechazar inscripciones debido a la condición social, económica o cultural de los estudiantes y, como última disposición se prohíbe los viajes de promoción.