Hablar del presidencialismo en Bolivia, implica analizar una tradición política marcada por la concentración del poder, la fragilidad institucional y la reducción sistemática de los mecanismos de control democrático. Desde la fundación de la República, el presidencialismo ha sido presentado como garantía de orden y gobernabilidad, cuando en los hechos ha terminado debilitando al Órgano Legislativo y promoviendo una cultura de intransparencia.

Durante el siglo XIX, el poder presidencial se consolidó en un Estado débil, capturado por élites económicas que comprendieron que controlar al presidente significaba controlar la renta nacional. En el siglo XX, la Revolución Nacional de 1952 amplió derechos sociales, pero no desmontó el presidencialismo centralista; lo reforzó mediante pactos corporativos. Las dictaduras militares llevaron este modelo al extremo, anulando el control legislativo con el aval geopolítico de la Guerra Fría.

Con el retorno a la democracia en 1982, el equilibrio de poderes fue más formal que real. Durante el ciclo neoliberal, el Ejecutivo concentró decisiones estratégicas asociadas a procesos de privatización, endeudamiento y contratos en función de la enajenación de los recursos naturales, en el marco de una restringida fiscalización parlamentaria. El Legislativo se convirtió en un órgano reactivo, funcional al Ejecutivo, antes que ser un ente de control democrático.

La oligarquía boliviana, lejos de desaparecer, se transformó en una élite financiera, comercial y mediática que encontró en el presidencialismo un canal eficiente para capturar decisiones públicas. A ello, se sumó la influencia de intereses foráneos y geopolíticos, que prefieren negociar con un Ejecutivo fuerte y un Parlamento débil. En este contexto, la soberanía se proclama en el discurso, pero se negocia en espacios cerrados.

Un factor estructural ha sido la economía del narcotráfico, que prospera allí donde las instituciones son frágiles y la fiscalización es mínima. El presidencialismo concentrado, no ha logrado erradicar estas economías ilegales; por el contrario, ha convivido con ellas, debilitando el control institucional.

En el siglo XXI, el discurso de soberanía e inclusión social, denota mayor concentración del poder presidencial, debilitamiento del Legislativo, politización de la justicia y uso recurrente de decretos. La intransparencia dejó de ser una anomalía para convertirse en una condición del sistema.

Superar este ciclo exige fortalecer el control legislativo real, limitar el uso discrecional del poder presidencial, garantizar transparencia obligatoria en los contratos públicos, reconstruir la independencia de la justicia y fortalecer las instituciones de control. Un presidente controlado no es débil; es democrático. Sin equilibrio de poderes, Bolivia seguirá repitiendo su historia bajo distintos nombres, pero con las mismas consecuencias.