El funcionario sostuvo que en total se han regularizado aproximadamente 7,3 millones de hectáreas, beneficiando a 356.000 personas, incluyendo a pequeños productores, comunidades y territorios indígenas.

Por ejemplo, detalló que, el caso del departamento de Pando se completó el 100% del saneamiento de tierras, mientras que otros departamentos como Oruro y Potosí han alcanzado el 98% y el 93%, respectivamente.

Un aspecto destacado por Núñez es la política de equidad de género en la titulación de tierras. El 45% de las tierras tituladas en áreas rurales están registradas a nombre de mujeres, en contraste con el 10% registrado a nombre de mujeres entre 1953 y 1992.

De las tierras saneadas, el 55% está en manos de campesinos, indígenas y pequeños productores, mientras que el 16% está en propiedad de medianos y grandes empresarios. Este cambio refleja un esfuerzo por eliminar el latifundio improductivo y promover una distribución más equitativa de la tierra, dijo.

Reversión. Núñez también se refirió a la dotación irregular de tierras durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. De forma específica se refirió el caso de la familia Marinkovic, que se habría beneficiado con la asignación de tierra fiscal de manera irregular.

Detalló que el INRA ha iniciado procesos legales para revisar y revertir estas acciones, y actualmente hay 52 predios en disputa que suman 270.000 hectáreas.

El director del INRA pidió a las autoridades jurisdiccionales emitan fallos enmarcados en la Constitución y la legislación agraria, para asegurar que la distribución de tierras sea justa y legal.

Encontramos irregularidades y nosotros notificamos al viceministerio de Tierras pueda hacer las demandas ante el Tribunal Agroambiental. En total son como 52 predios que suman 270.000 hectáreas. Trataron de aprovecharse con el poder que tenían, prácticamente tomaron el INRA e intentaron apropiarse de

tierra, señaló.