Por La Palabra del Beni
Hay momentos en que el ejercicio periodístico impone abandonar el lenguaje tibio, romper la complacencia del discurso oficial y golpear con la dura realidad sobre la mesa. Lo que hoy ocurre a lo largo y ancho de la cuenca amazónica boliviana —desde los ríos del departamento de Pando hasta la serranía de Baures en el Beni— ya no puede ser atenuado bajo el eufemismo de "irregularidades administrativas" o simples querellas entre particulares. Estamos asistiendo a una crisis de soberanía nacional en pleno siglo XXI, a la descomposición moral de las instituciones de control y al establecimiento de un triángulo impune de extracción salvaje, envenenamiento por mercurio y complicidad judicial. Una estructura perversa donde las riquezas estratégicas de la Patria se rematan en las sombras, mientras las regiones productoras heredan el veneno, la indigencia y el desprecio del Estado.
El caso de la empresa Eagle Crest EEBOL en Cerro San Simón (municipio de Baures) no es un episodio aislado; es la radiografía viva de cómo el sistema punitivo y de administración de justicia en Bolivia ha sido prostituido para subordinar la legalidad a los intereses de la ilegalidad. Las denuncias presentadas por el equipo de defensa jurídica de la empresa —a través de las revelaciones de los juristas Orlando Aramayo Chávez y Alejandro Vargas— exponen una secuencia de arbitrariedades que avergüenza a cualquier Estado de Derecho.
Tras la emisión de la Resolución Constitucional N° 09/2026, dictada la mañana del pasado 18 de septiembre por un Juez de Garantías para ordenar el desprecintado y la restitución inmediata de las instalaciones mineras a sus legítimos operadores, el país presenció una afrenta jurídica insólita: la fiscal de materia Nisa Alejandra Loredo Suárez emitió un dictamen apresurado a las 20:22 horas de un día sábado para frenar la ejecución de la orden judicial y pretender entregar la planta a un tercero como depositario.
¿Desde cuándo un decreto de la Fiscalía tiene la jerarquía normativa para anular un fallo constitucional? En las barbas de la Fiscalía Departamental del Beni, pisoteando de forma grotesca la Pirámide de Kelsen y ante el silencio cómplice de las autoridades nacionales, una decisión de amparo constitucional fue borrada de un plumazo nocturno. Mientras la empresa lleva cerca de un año y medio avasallada, despojada de sus inversiones y con más de 60 familias benianas sumidas en la desocupación, toneladas de oro y minerales salen del yacimiento en la más completa impunidad, sin dejar un solo boliviano de regalía para el desarrollo de las comunidades de Baures ni para el erario del departamento del Beni.
Pero la memoria histórica del Beni exige ir más atrás para entender la profundidad del daño. Lo que hoy acontece en Cerro San Simón no es un rayo en cielo sereno, sino la continuación impune de una trama denunciada de manera sistemática por este medio de comunicación y por fiscalizadores de la propia Asamblea Legislativa Departamental del Beni (ALDB). Ya entre 2021 y 2024, sucesivas comisiones legislativas departamentales alertaban sobre la existencia de una verdadera "ciudadela de la minería ilegal" enquistada en la serranía, donde operaban pistas clandestinas y campamentos no autorizados.
Informes de fiscalización sacaron a la luz cómo toneladas de oro y manganeso eran extraídas y sacadas en avionetas sin ningún control aduanero ni tributario, dejando a la Gobernación del Beni en la absoluta orfandad financiera. Incluso la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y las Fuerzas Armadas debieron ejecutar operativos para desmantelar yacimientos ilegales en la frontera con Brasil. Sin embargo, en lugar de consolidar el imperio de la ley, sancionar a los clanes depredadores y proteger la inversión formal que tributa, la respuesta del aparato estatal fue la pasividad y el abandono, dejando el terreno expedito para que la corrupción compre conciencias y perpetúe el saqueo.
Esta flagrante indefensión institucional en tierra firme dialoga de manera sangrienta con el drama ambiental y ambientalista que devora el norte del país. En las aguas del río Madre de Dios en Pando, y en los afluentes de las cuencas del Iténez y del Mamoré, cientos de balsas y dragas auríferas continúan operando al margen de toda norma ambiental, derramando toneladas de mercurio en el lecho de los ríos. Estudios científicos y alertas de organismos indígenas vienen demostrando niveles alarmantes de contaminación en peces y muestras biológicas de pobladores Tacana, Ese Ejja y comunidades ribereñas.
Es el doble rasero de un Estado tuerto y selectivo: implacable, inquisidor y burocrático cuando se trata de hostigar a las empresas legales que buscan operar con licencias, pagar impuestos y generar mano de obra local; pero absolutamente ciego, sordo y mudo para frenar a las balsas furtivas y a los grupos de poder que envenenan nuestros ríos y destruyen el patrimonio natural amazónico.
El cuadro se torna aún más crítico al contrastar esta realidad local con el tablero de la geopolítica internacional. Con el reciente impulso a la firma de acuerdos y contratos estratégicos con potencias globales como Estados Unidos para la provisión de minerales críticos de alta tecnología —tales como el wolframio y el manganeso—, Bolivia pretende insertarse en la cadena de suministro de la transición energética e industrial mundial. Sin embargo, la pregunta que nos formulamos con firmeza desde la capital beniana es ineludible: ¿Con qué solvencia institucional, con qué seriedad jurídica y con qué garantías constitucionales pretende el Estado boliviano ofrecer certezas al capital internacional si en sus propias provincias fronterizas los fallos de los jueces se venden al mejor postor y las autoridades miran hacia otro lado mientras los recursos estratégicos son despojados por redes de corrupción?
Las cosas hay que llamarlas por su nombre, sin atenuantes ni medias tintas: el Beni no nació para ser la colonia extractiva ni el patio trasero de nadie. Exigimos a la Fiscal Departamental del Beni y al Ministerio de Gobierno desmontar de inmediato las roscas de injerencia política y judicial que asfixian el caso EEBOL y restituir las garantías constitucionales en Cerro San Simón. Asimismo, emplazamos a nuestros diputados y senadores —electos para fiscalizar la riqueza nacional— a abandonar la retórica de escritorio, dejar la comodidad de sus curules y bajar al territorio a defender el patrimonio de la benianidad.
Si no se frena hoy la impunidad de las balsas en los ríos y el manoseo leguleyo en nuestras minas, el mensaje para el país y el mundo será letal: que en la Amazonía boliviana la ley es una burla y que el oro de nuestro suelo solo sirve para engordar los bolsillos de unos cuantos corruptos mientras nuestro pueblo muere ahogado en el abandono, la pobreza y el veneno.