En la gestión pública moderna, el trabajo organizado es la base de toda acción eficiente, transparente y responsable. De su correcta ejecución depende no solo la eficacia institucional, sino también la confianza ciudadana. Las recientes declaraciones del ministro de Economía, Gabriel Espinoza, sobre el ocultamiento de información en los ministerios, exponen una práctica dañina que va más allá de la falta de ética y que se traduce en un perjuicio directo para las inversiones del Estado.

Cuando una autoridad asume un ministerio, llega con conocimiento del contexto nacional, con diagnósticos elaborados y con la responsabilidad de ejecutar políticas que respondan a las necesidades del país. Un ministerio no es un lugar para aficionados ni para quienes buscan reconocimiento personal, sino para profesionales competentes que comprenden la magnitud de las decisiones que allí se toman. La administración pública demanda técnicos de primer nivel, capacidad analítica y, sobre todo, compromiso con la verdad y la transparencia.

El ocultamiento de información no es un simple error administrativo, es una falta grave que debilita la continuidad institucional y afecta directamente los recursos públicos. Cada dato que se oculta, cada informe que se manipula o cada documento que desaparece, genera un costo económico que repercute en la inversión estatal, en los proyectos que no se concretan y en los servicios que dejan de beneficiar a la población. Esta práctica no solo retrasa el desarrollo, sino que también abre la puerta a la corrupción y al enriquecimiento ilícito, dos males que erosionan el tejido moral del Estado y desvían los fondos que pertenecen a todos.

Por ello, la intransparencia debe ser sancionada de manera ejemplarizadora. No se trata de una advertencia retórica, sino de una exigencia ética y jurídica. Ningún funcionario debería sentirse intocable cuando manipula o sustrae información pública. El daño económico al Estado es un delito social que debe ser castigado con la severidad que corresponde, porque cada acto de opacidad representa una traición al principio de servicio público.

El trabajo organizado exige coherencia entre el pensamiento y la acción, congruencia entre el conocimiento técnico y las decisiones políticas, y correspondencia entre la ética y el ejercicio del poder. Estas tres dimensiones son inseparables y determinan la calidad de una gestión. Sin ellas, el Estado se fragmenta y pierde rumbo, porque la improvisación reemplaza a la planificación y el interés personal se impone al bienestar colectivo.

El recordado Filemón Escobar utilizó el término “llokaja” para describir al aficionado que presume saberlo todo sin tener bases sólidas. Esa figura, tan vigente en algunos espacios del poder, simboliza el daño que produce la arrogancia sin conocimiento. No se gobierna jugando a ser economista ni administrando desde el ego, sino aplicando criterio técnico, disciplina y compromiso con los resultados.

El desafío actual es grande y requiere determinación. No bastan las palabras ni los discursos sobre cambio, se necesita trabajo real, planificación y rendición de cuentas. Ser firme ante el ocultamiento de información es una forma de defender el patrimonio público y garantizar que los recursos del Estado se utilicen en beneficio de la sociedad.

La transparencia no es solo una obligación moral, es una política económica de alto impacto. Cuando se oculta información, se afecta la inversión, se distorsionan los presupuestos y se debilita la credibilidad del país ante sus propios ciudadanos y ante el mundo. En cambio, cuando la información fluye y la gestión se basa en datos verificables, se fortalece la confianza y se estimula la inversión productiva.

En definitiva, el futuro del país depende de la coherencia entre el decir y el hacer, de la congruencia entre el conocimiento y la gestión, y de la correspondencia entre la ética y el ejercicio del poder. El trabajo organizado y la transparencia son los únicos caminos posibles hacia una administración pública sólida, moderna y digna, capaz de generar desarrollo con equidad y sin dejar impune a quienes traicionan el mandato de servir con honestidad.