“Nuestro presidente (Luis Arce) ha aprobado el Decreto Supremo 5214 de la política gubernamental para prevenir el abandono y reducir la cantidad de niños, niñas y adolescentes en centros de acogida, a fin de precautelar el derecho de vivir en familia de esta población”, informó, según la agencia ABI, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz.

De acuerdo con los datos oficiales, en la gestión 2019 se registraron 5.678 niñas, niños y adolescentes, ahora se contabilizan 5.025 menores, lo que representa una reducción del 12% de la población en estos centros de acogida.

“Sin embargo, esta reducción no se debe necesariamente a una incidencia en la reintegración familiar o en el precautelamiento al derecho de vivir en familia (…). Hemos podido verificar que un buen porcentaje de esta población que ha salido es por cumplir la mayoría de edad”, lamentó Cruz.

Asimismo, explicó que el 49% de la población que actualmente se encuentra en centros de acogida tiene entre 13 a 17 años, el 39% tiene entre 6 a 12 años y el 12% son niñas o niños de 0 a 5 años.

Según los datos oficiales, el 89% de los 5.025 menores que están en estos centros de acogida tiene un referente familiar, es decir que cuentan con una madre, un padre, o un familiar.

“Lastimosamente no contamos, en la mayoría de los municipios, con programas, proyectos o medidas para la prevención del abandono o para la reintegración o restitución del derecho a vivir en familia (…). Las familias básicamente prefieren dejarlos en los centros a realizar esfuerzos para que los chicos no estén institucionalizados y puedan retornar hacia sus hogares”, señaló.

Ante esta situación, se plantea una rearticulación del Gobierno, gobernaciones, alcaldías e instancias privadas para “asegurar programas, proyectos y medidas” para prevenir el abandono y promover la restitución o reintegración a la familia.

“Una de las metas que tenemos como Gobierno nacional es lograr, no solo la disminución por egresos de mayoría de edad, sino particularmente apoyar a las familias para que no pierdan el cuidado o la tutela respecto de sus hijas e hijos y también fortalecer los lazos familiares para que se conviertan en hogares o en lugares seguros”, remarcó.

Esta nueva política será dirigida por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional que además contará con el apoyo de los ministerios de la Presidencia, Educación, Salud y Deportes, Obras Públicas, Desarrollo Productivo y Gobierno.

Además, por mandato normativo, se incluyen con responsabilidades específicas el Ministerio de Relaciones Exteriores, los gobiernos autónomos departamentales, el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y los gobiernos autónomos municipales.

Además del Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia y otros.