Luciana Campero, diputada de Comunidad Ciudadana (CC), por el departamento de Tarija, relató que entere los diputados que rechazaron la abrogación de la Ley, hay dos que son del Beni.

“La Comisión de Medio Ambiente y Región Amazónica ha tratado los tres proyectos para abrogar la Ley 741, que en comisión fue aprobada la abrogación, eso significa que mañana debería tratarse en el Pleno de la Cámara. El proyecto de Ley 1171, que fue rechazado por dos diputados benianos y supuestamente de oposición”, declaró Campero.

“Y el proyecto de Ley 337, que en este caso fue rechazado por un diputado de oposición beniano. Ellos argumentan que abrogar esos proyectos de Ley es ir contra grandes corporaciones, cuando en realidad no es así. Nosotros hemos sostenido reuniones con los mismos grupos empresariales en Santa Cruz, y ellos en ningún caso han hecho notar una oposición al hecho de poder abrogar las leyes incendiarias, porque en realidad tampoco beneficia ni a la ganadería, ni la agroindustria, ni a nada”, completó la diputada de Tarija.

Los diputados sindicados por Campero, son Fernando Llapiz de CREEMOS, y Genghis Justiniano, de CC, cuyos argumentos expuestos durante la sesión, fueron falsos, aseguró Campero.

“Entonces, el argumento que sostienen estos parlamentarios del Beni es totalmente falso. Nunca se ha apuntado a estas industrias con el dedo, en lo absoluto. Más bien, lo que se intenta en este caso es mostrar que el resultado de los incendios tiene como objetivo entregar tierras a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a movimientos interculturales”, relató la legisladora tarijeña.

Campero fue dura al momento de sindicar a los legisladores benianos, pues según ella, las leyes que se pretendían abrogar son las que han permitido que la escala de incendios en el país se hubiera descontrolado de la manera en que lo vemos en estos momentos.

“Es importante la abrogación de las leyes incendiarias, en primera instancia para que la gente pueda respirar aire de calidad y aire puro en el país, para que toda la vida silvestre, que además muchas de esas especies están en peligro de extinción, dejen de ser depredadas por el fuego y por el gobierno nacional que es quien provoca los incendios a través de sus movimientos sociales. No puede ser posible que hoy la recomendación ya no es solo salir con barbijo en Beni, en Pando y en Santa Cruz, sino ahora que la recomendación es salir con máscara de gas. ¿Y por qué los bolivianos tienen que pagar este precio cuando en realidad el único beneficiario es el gobierno nacional? Las leyes incendiarias en lo absoluto, en lo absoluto, garantizan la seguridad alimentaria, ni todo el discurso repetitivo tanto de Evo Morales como Luis Arce, que han demostrado seguir trabajando de la mano al no aprobar el rechazo de estas leyes incendiarias”, completó Luciana.

Al concluir, Campero arremetió en particular contra Llapiz, al que increpo y acusó de no cumplir con sus obligaciones como parlamentario.

“Lo veo al diputado Llapiz señalando que hay un Decreto que es peor que la Ley 1173. El diputado Llapiz sabe que puede presentar diferentes instrumentos legislativos para que ese decreto sea abrogado por parte del Gobierno. Ahora de ahí en más a que no viaje a la Ciudad de la Paz y no cumpla sus funciones como parlamentario legislando, ese no es el problema de todos los bolivianos”, concluyó

Justiniano y Llapiz, dan su descargo

El diputado de CC, Genghis Justiniano, respondió las acusaciones de su colega de bancada, justificando su decisión.

“Yo respondo a la institucionalidad beniana, esto se ha definido en una reunión donde estuvieron sectores, comunitarios, campesinos, indígenas, comunarios, sector productivo, en la que se definieron ciertos puntos de lo que hay que tratar y estoy consciente que están de acuerdo (con mi vot0)”, declaró Justiniano

“Esta Ley (por la que no voto para su abrogación), es una de las leyes que están queriendo abrogarla, para poder insertar una nueva en la cual su fin del centralismo y obviamente algunos colegas del interior del país, es que se puedan expropiar estas tierras para dárselas a algunos sectores interculturales”, completó.

Justiniano fue claro al justificar su voto, afirmó que no se debe abrogar la Ley 1171, sino crear un reglamento a la misma, porque según él, si se abroga esta norma que regula el uso del fuego para desmonte, el vacío legal que se generaría, favorecería a avasalladores.

“La Ley 1171 no estaba siendo aplicable todavía porque no cuenta con una reglamentación, además tomar en cuenta que es la única Ley de manejo y regularización de las quemas, no existe otra, si nosotros llegamos a abrogar esta Ley, lo único que va a pasar, es que no exista ninguna otra reglamentación ni ninguna otra sanción a todos los productores campesinos e indígenas que vayan a quemar, por lo tanto, sería una catástrofe para todo el territorio boliviano”, concluyó.

A su vez, Fernando Llapiz, diputado uninominal de la Circunscripción 58 del Beni, también justifico su voto, diciendo que la Ley 1171, no ha sido aplicada ni reglamentada.

“No vote a favor de la aborg8acion de la Ley 1171, porque en primer lugar esta Ley no está en vigencia totalmente, porque no tiene una reglamentación, la multa que existen por el tema de incendios, son por medio de resoluciones de la ABT, porque nunca se hizo la reglamentación de la 1171, que busca el control y manejo responsable con el tema del fuego”, empezó a explicar Llapiz.

“Por otro lado, es la única Ley que podría reglamentarse, buscando la sanciones correspondiente y a la cárcel si es necesario para la gente que queme, para cualquier boliviano o boliviana que incendie, o que provoque incendios forestales, o no lo haga de la debida manera (…) Lo que queremos hacer es reglamentar esa Ley, para que las personas que inicien fuego, tengan pues lo que corresponde, que respondan a la Ley, que se le imponga la sanción y que vayan preso si es que tienen que ir presos”, declaró Llapiz.

El diputado beniano, explicó que si se abroga la Ley 1171, quedaría un vacío de poder que favorecería a los avasalladores.

“Va a quedar un vacío respecto a las quemas en el país, la única reglamentación vigente que va a quedar es el Decreto Supremo (DS) 5203, ese Decreto lo que busca es la reversión de tierra, lo que busca es poner multas que no se pueden pagar e inculpando a los dueños que no pueden pagar, sean o no culpables, ¿pero y los inocentes?, los que no tienen la culpa, esas personas, ese productor, campesino, ganadero, porque se le va a poner la multa que es impagable, el Gobierno la va a revertir, la va a volver fiscal y la va a entregar a los interculturales”, completó LLapiz.