Costas remarcó que, mientras la resolución se encontraba en suspenso ante instancias constitucionales, las organizaciones políticas continuaron actuando dentro del calendario electoral. En ese contexto, afirmó que debió existir una advertencia formal y por escrito del TSE, alertando que su participación quedaba sujeta al resultado de esa resolución. La ausencia de esta comunicación, señaló, afecta el principio de buena fe administrativa y la confianza legítima de quienes continuaron su actividad electoral bajo el entendido de que podían hacerlo.

El ex vocal también puso énfasis en un segundo aspecto: las alianzas políticas que mantenían personería jurídica vigente y que no cometieron infracción alguna estarían siendo alcanzadas por la medida. A su criterio, esto genera una limitación al derecho de participación de organizaciones que no incurrieron en falta, abriendo un debate sobre la responsabilidad administrativa trasladada a terceros.

Como ejemplo, mencionó el caso de alianzas en Chuquisaca, Santa Cruz y Beni donde agrupaciones con personería vigente quedarían fuera del proceso sin haber vulnerado la norma, situación que —según indicó— debería ser revisada y eventualmente reajustada.

Las recientes decisiones del Tribunal Supremo Electoral vuelven a situar en el centro del debate un principio clave del derecho electoral: la seguridad jurídica.