El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ha emitido una denuncia contundente este jueves, señalando la injerencia de la Sala Constitucional Primera en las decisiones adoptadas por el Órgano Electoral. Esta denuncia se produce en el contexto de una medida cautelar que ordena al TSE acompañar el congreso del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se lleva a cabo del 3 al 5 de mayo en la ciudad de El Alto.

La solicitud de esta medida cautelar fue presentada por el Pacto de Unidad arcista, y la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz la aprobó al mediodía del jueves, ordenando la aplicación provisional del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas, en favor del accionante.

 

Ante este panorama, el abogado y ex gobernador del departamento del Beni, Carmelo Lens, ha fijado su postura en relación con la situación que atraviesa Bolivia. "Estamos en un estado de preocupación permanente", declaró Lens, haciendo hincapié en la creciente injerencia del poder judicial en los asuntos políticos del país.

 

Lens expresó su preocupación por la tendencia del gobierno de judicializar las acciones políticas para alcanzar sus objetivos.

"Vemos con preocupación que la competencia exclusiva del Tribunal Electoral ahora esté supeditada a la voluntad de decisiones de fallos jurisdiccionales de la justicia ordinaria", afirmó.

En sus declaraciones, Lens enfatizó que esta situación representa una amenaza seria para el estado de derecho en Bolivia.

 

"La voluntad está sometida a quienes tienen el manejo de la justicia y lamentablemente no están aplicando ni la ley ni mucho menos respetando la constitución", advirtió.

El abogado subrayó las consecuencias graves de esta situación, señalando que "ahora no podemos confiar ni en lo que está establecido en la ley". Además, destacó que la falta de garantía jurídica genera una pérdida de credibilidad en las instituciones del país.

 

Por último, Lens hizo un llamado a la reflexión sobre la crisis institucional que enfrenta Bolivia. "Todos estamos en esa situación", afirmó, agregando que "el país prácticamente no ofrece garantía jurídica". Asimismo, expresó su preocupación por el impacto que esta situación pueda tener en medio de la crisis económica que atraviesa el país.