La exasambleísta Mónica Núñez formalizó una denuncia ante la Fiscalía Departamental del Beni exigiendo una auditoría jurídica a la administración del ex fiscal departamental Gerardo Balderas. Acusa a su gestión y a fiscales anticorrupción de encubrir al exgobernador Alejandro Unzueta en seis casos emblemáticos de millonario daño económico y de presuntos abusos de poder.
Por la Redacción Central de La Palabra del Beni
I. Solicitud de auditoría jurídica y fiscalización institucional
Hasta las instalaciones de la Fiscalía Departamental del Beni llegó la exasambleísta Mónica Núñez para presentar una denuncia formal pidiendo la intervención directa del Fiscal General del Estado, del Fiscal Departamental, de la Gobernación del Beni y de la Asamblea Legislativa Departamental.
Núñez apuntó contra la administración del exfiscal departamental Gerardo Balderas, señalando que durante casi cinco años los casos de corrupción vinculados a la anterior gestión de la Gobernación se han "campeado" e invisibilizado, exigiendo una supervisión exhaustiva y una auditoría jurídica que establezca responsabilidades por un presunto favorecimiento sistemático al exgobernador Alejandro Unzueta.
II. Los seis casos cuestionados y el blindaje a Unzueta
Durante su intervención, la exasambleísta detalló un paquete de seis graves denuncias donde la Fiscalía habría operado para desvincular a la exmáxima autoridad ejecutiva (MAE) departamental:
* Caso Sachojere - Loreto: Pérdida de casi un millón de bolivianos. Se denunció manipulación en actos procesales para beneficiar a Unzueta y a sus secretarios.
* Defensivo de Riberalta: Proyecto por contratación directa donde el fiscal Ariel Vázquez excluyó de la investigación a Unzueta, dejando el juicio únicamente contra dos funcionarios subalternos.
* Fondos en avance (3.5 millones de bolivianos): Operaciones fraudulentas con emisión de cheques, facturas y empresas falsas. Núñez calificó el caso de "vergonzoso" por la inacción de los fiscales Flores y Ariel Vázquez para procesar a los principales responsables.
* Caso Puente Rápulo: Un trágico hecho que cobró la vida de ocho personas. La investigación por incumplimiento de deberes contra Unzueta y autoridades locales fue desviada de manera bochornosa hasta el extremo de imputar formalmente a una persona fallecida, eximiendo a la cabeza de la Gobernación.
* Caso del millón de bolivianos (Fondos en avance): Rechazado por el fiscal Ariel Vázquez bajo el argumento de no encontrar al denunciado, omitiendo citar a Alejandro Unzueta como principal responsable del manejo administrativo.
* Caso Prediarios: Denuncia paralizada debido a la presunta "mano negra" de la gestión de Balderas, evitando que el exgobernador rinda cuentas.
III. Destino de bienes incautados y denuncias de acoso sexual
Además de las irregularidades procesales en los casos de corrupción, Núñez exigió que la Fiscalía investigue el destino de todos los bienes secuestrados e incautados de alto valor que estuvieron bajo custodia de las diferentes unidades durante la gestión de Balderas, cuyo paradero actual se desconoce.
Finalmente, la denuncia incorpora un delicado componente de abusos laborales: la exasambleísta reveló que existen elementos sobre presuntos casos de acoso sexual perpetrados por el exfiscal Balderas en contra de funcionarias de la institución, quienes habrían sido hostigadas y, en caso de rechazar los actos de acoso, destituidas o reasignadas de sus cargos. Anunció que se aguardan denuncias formales respaldadas por las víctimas para profundizar las investigaciones.