Bolivia se encamina a un escenario de mayores riesgos ambientales por los efectos del fenómeno del “Súper” Niño 2026-2027, la deforestación y la fragilidad de sus ecosistemas, advirtió Eduardo Forno, director de Conservación Internacional, en declaraciones a ERBOL.
El especialista señaló que las lluvias intensas podrían derivar en inundaciones en la Amazonía y los valles, mientras que la sequía en el oriente y el sur del país aumenta la posibilidad de incendios forestales. A su juicio, el país debe fortalecer la prevención y recuperar capacidades institucionales para actuar antes de que las emergencias alcancen grandes dimensiones.
Forno recordó el impacto del fenómeno de 1983 en el altiplano y sostuvo que podrían darse condiciones similares. “Tuvimos un fenómeno del Niño brutal, que causó, yo creo, el efecto más grande de pobreza en el altiplano boliviano”, afirmó. Sin embargo, consideró que la sociedad boliviana hoy tiene más herramientas para enfrentar una crisis de ese tipo. “La sociedad boliviana es mucho más resiliente ahora que el 83”, dijo, al atribuir esa diferencia a una economía más diversificada y a una menor pobreza, aunque reconoció que persisten dificultades sociales.
En la Amazonía y los valles, Forno advirtió que el comportamiento de las lluvias en zonas cordilleranas orientadas hacia esa región puede volver más impredecible el escenario. Explicó que la pérdida de cobertura vegetal agrava el riesgo, porque el agua arrastra con mayor facilidad todo lo que encuentra a su paso. Por eso, planteó que la protección de bosques y cuencas no solo es una medida ambiental, sino también una forma de resguardar a las poblaciones y a las actividades productivas ubicadas aguas abajo.
El director de Conservación Internacional también alertó sobre la magnitud de la deforestación en Bolivia y sus causas estructurales. Según dijo, los incentivos económicos que favorecen la destrucción de bosques, la falta de transparencia y las debilidades institucionales mantienen el problema. En ese marco, sostuvo que Bolivia es el segundo país del mundo con más deforestación después de Brasil y que, per cápita, ocupa el primer lugar en bosques tropicales.
Sobre los incendios, Forno mencionó que en el sur del país, especialmente en Roboré, el sur de la Chiquitania y el Chaco, podrían repetirse fuegos de gran magnitud debido a la materia seca acumulada en áreas afectadas anteriormente. Recordó la experiencia de 2023, cuando un frente de fuego avanzó por el norte de la Chiquitania, y advirtió que, una vez que el incendio se expande, poco puede hacerse para frenarlo. Las principales pérdidas, dijo, recaen sobre productores, animales y ecosistemas que proveen agua.
Pese a ese panorama, destacó experiencias locales de coordinación en Roboré, San José de Chiquitos y Charagua, donde municipios, actores locales, las Fuerzas Armadas y organizaciones ambientales trabajaron de manera conjunta para enfrentar el fuego. Mencionó además la participación de la Fundación Amigos de la Naturaleza y Nativa en la articulación de esos mecanismos. Según las cifras que citó, en esas zonas la superficie afectada habría bajado de entre 700.000 y 800.000 hectáreas a alrededor de 40.000 hectáreas.
Forno afirmó que ese resultado demuestra que la prevención sí puede reducir daños cuando existe preparación y coordinación. “Hay éxito, se puede, pero eso ha sido prevención, saber qué pasa, entender los fuegos”, sostuvo.
También consideró que Bolivia cuenta con un plan de prevención y control de incendios que calificó como el mejor que ha tenido el país, aunque insistió en que el reto está en aplicarlo efectivamente en todo el territorio. “El plan es una cosa. Implementarlo es otra cosa”, remarcó.
A su criterio, la tarea no puede recaer solo en el Gobierno central, sino que requiere la participación de entidades territoriales autónomas, comunidades, productores y organizaciones de la sociedad civil. Además, observó problemas de comunicación y debilidad institucional en la gestión pública, y señaló que la desinstitucionalización acumulada limita la capacidad de respuesta.
Finalmente, advirtió sobre la relación entre el deterioro ambiental y otras actividades ilícitas que afectan la institucionalidad, entre ellas el crimen organizado vinculado con la minería, el narcotráfico, la deforestación y la trata de personas. Para Forno, el desafío es recuperar capacidades estatales, fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno y preparar al país antes de nuevas emergencias.