"Estamos en emergencia. Este año, la situación se ha intensificado, ya que no solo estamos enfrentando el impacto de la naturaleza, sino también el descuido y la mala intención de algunos que han provocado incendios descontrolados que nos afectan gravemente", explicó Gutiérrez.

El dirigente criticó el decreto supremo emitido el 23 de agosto, que establece sanciones económicas significativas para quienes causen quemas y incendios.

"El decreto no tiene proporcionalidad. Se ha establecido una sanción de 190 UFV hasta 957 UFV por la quema de una hectárea, monto que se multiplica por la totalidad del predio. Esto no solo es irracional, sino que también carece de justicia y debido proceso", señaló.

Gutiérrez agregó que la normativa actual no respeta el principio de la verdad material ni la presunción de inocencia, lo cual genera inseguridad jurídica y desincentiva a los productores.

"Esto afecta a los ganaderos, agricultores, indígenas y campesinos por igual. La ley debe ser equitativa y aplicable a todos", subrayó.

El dirigente también expresó su oposición a un proyecto de ley propuesto por la senadora Requena, que sugiere sanciones de hasta el 30% del valor de la tierra en caso de quemas.

"Es una medida ilógica e injusta. Estamos dispuestos a oponernos y a movilizar a todos los sectores productivos que contribuyen a la seguridad alimentaria del país", afirmó.

Además, Gutiérrez advirtió sobre los graves perjuicios que la contaminación del aire está causando a la salud de las familias en la región.

En respuesta a la situación, los ganaderos del Beni están exigiendo una revisión de las políticas y la implementación de soluciones que verdaderamente beneficien a las comunidades productivas, sin poner en riesgo su sustento y bienestar.

La situación continúa siendo crítica, con las comunidades luchando no solo contra los incendios y la sequía, sino también contra medidas legislativas que consideran desproporcionadas e injustas. Los ganaderos del Beni llaman a un diálogo constructivo y a la revisión urgente de las sanciones impuestas para asegurar una respuesta equitativa y efectiva a los desafíos que enfrentan.