Bolivia atraviesa un momento crítico que exige reflexión serena, respeto a la ley y responsabilidad histórica por parte de quienes ejercen el poder.

Resolver el problema socioeconómico y político, no implica generar únicamente decretos específicos, ni tomar decisiones apresuradas y desinteligentes en concordancia a las coyunturas políticas pasajeras, sino de algo más profundo: El respeto efectivo a la Constitución Política del Estado como pacto supremo entre el poder y la sociedad. En un Estado Constitucional de Derecho, la Constitución no es un documento decorativo, ni un obstáculo para gobernar, es el límite legítimo del poder y la garantía de que nadie, por más autoridad que ostente, actúe como monarca.

Los Decretos Supremos 5503, 5515 y otros, deben analizarse desde esta premisa básica: Todo decreto se encuentra por debajo de la Constitución en la jerarquía normativa. La pirámide de Hans Kelsen no admite interpretaciones antojadizas.

Cuando un decreto pretende regular materias que afectan derechos, equilibrios institucionales o el modelo de Estado sin respaldo constitucional, ni legal suficiente, se incurre en un riesgo evidente de inconstitucionalidad. El problema no es la existencia del decreto, el problema es el exceso, la desproporción y la sustitución del debate democrático por la imposición administrativa.

La población observa con preocupación, cómo se intenta justificar decisiones estructurales apelando a la urgencia o a la coyuntura. Sin embargo, El cambio de modelo no se decreta, se razona y se construye colectivamente. Cambiar un modelo político, económico o institucional, no es ilegítimo; lo ilegítimo es hacerlo al margen de la Constitución. Si el modelo vigente, ya no es compatible con la realidad del país, ello debe reconocerse con honestidad intelectual y política. Pero ese reconocimiento conlleva una consecuencia ineludible: No se puede forzar la realidad constitucional mediante decretos.

A esta tensión normativa se suma un elemento aún más preocupante, traducido en la disfunción política entre el Presidente y el Vicepresidente del Estado. Dos mandatarios que no dialogan, que se confrontan y que priorizan agendas personales o faccionales, generando un daño profundo a la institucionalidad. La ausencia de diálogo en la cúspide del poder, traduce la ausencia de diálogo con la población. Sin coordinación, sin escucha y sin consenso mínimo, el ejercicio del poder se vacía de legitimidad y se convierte en imposición.

El pueblo boliviano ha sido claro a lo largo de su historia: No quiere monarcas, ni decisiones unilaterales. Quiere autoridades que gobiernen con la Constitución en la mano y con la sociedad como interlocutora válida. Gobernar no es mandar, gobernar es explicar, escuchar, corregir y respetar límites. El decreto utilizado como sustituto del diálogo es una señal de debilidad política, no de fortaleza institucional.

En este contexto, es imprescindible razonar con claridad. Si quienes gobiernan consideran que el modelo actual ya no es compatible con la Constitución Política del Estado, entonces deben actuar con coherencia democrática, siendo la única vía legítima, recurrir al Órgano Legislativo para convocar a una Asamblea que reconstituya la Constitución, no habiendo atajos constitucionales, ni soluciones mágicas. No existe legitimidad fuera del procedimiento establecido por la propia “Carta Magna”.

Modificar el pacto social exige mandato popular, deliberación plural, participación ciudadana y responsabilidad histórica. Todo lo demás es improvisación, y la improvisación en política se paga con crisis, conflictividad y desconfianza social. El respeto a la ley no es negociable, incluso cuando el poder se siente fuerte. La democracia no se defiende con discursos grandilocuentes, se defiende respetando los límites del poder y reconociendo que la soberanía reside en el pueblo.

Bolivia necesita menos imposición y más razonamiento, menos decretos y más Constitución, menos confrontación y más diálogo. Cuando los límites constitucionales ya no alcanzan, se los cambia con el pueblo y mediante la ley, nunca contra el pueblo, ni por decreto. Esa es la diferencia entre un Estado democrático y una deriva autoritaria.