Según informó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, las autoridades correspondientes ya han tomado medidas para esclarecer y sancionar estos hechos.

“No tenemos una denuncia formal, pero el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) han iniciado acciones para sancionar este delito”, declaró Flores en contacto con Bolivia Tv.

Según una investigación publicada por el diario El Deber, representantes de Kailasa, de origen indio, habrían negociado acuerdos con dirigentes de los pueblos Baure y Cayubaba, en Beni, y Esse Ejja, en el Territorio Indígena Multiétnico 2 de Pando, en estos encuentros, los supuestos delegados ofrecieron dinero a cambio de arrendar de manera perpetua extensas zonas de territorio indígena.

De acuerdo con la Ley 1715, los territorios indígenas y propiedades comunitarias son intransferibles. El Decreto Supremo 29215 prohíbe la firma de contratos de arrendamiento en tierras comunitarias, mientras que la Ley 477 establece que el tráfico de tierras es un delito sancionado con penas de 3 a 8 años de privación de libertad.

Los artículos 394 y 396 de la Constitución Política del Estado establecen que los extranjeros no pueden adquirir tierras del Estado bajo ningún título. Además, el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria de los territorios indígenas, campesinos e interculturales.

MEDIDAS DEL GOBIERNO

El ministro Yamil Flores señaló que los supuestos acuerdos firmados con Kailasa son nulos de pleno derecho y advirtió que el Gobierno tomará acciones inmediatas para sancionar a quienes resulten responsables.

“Hemos instruido al Viceministerio de Tierras y al INRA que se conviertan en parte del proceso para investigar y sancionar este tipo de delitos”, afirmó la autoridad.

El Servicio Nacional de Migración confirmó que los ciudadanos indios vinculados con Kailasa no cumplieron con los requisitos para su permanencia en Bolivia. Ante esta situación, el ministerio de gobierno y la fiscalía evalúan la deportación de estas personas por su participación en irregularidades dentro del país.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar el alcance de estos acuerdos y evitar que organizaciones extranjeras intenten vulnerar la soberanía territorial de Bolivia.