Urquidi ha expresado su preocupación, señalando que después de la firma de los contratos, el gobierno “quiere pasarle el muerto a la Asamblea Legislativa Plurinacional”. Esto implica que la responsabilidad de los acuerdos recaerá en el Órgano Legislativo, sin que se haya informado debidamente a la población.

El legislador enfatizó que no se debe permitir la firma de ningún contrato para la explotación de litio en el salar de Coipasa. Esto es especialmente importante mientras estos acuerdos no sean conocidos y debatidos públicamente por la sociedad civil organizada. Por lo tanto, instó a la población de Oruro a estar alerta ante esta situación.

Para abordar esta problemática, Urquidi anunció que presentará peticiones de informe escrito dirigidas al ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, así como al presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Omar Alarcón.

El objetivo de estas acciones es generar un amplio debate en el departamento de Oruro y en el país en su conjunto. La participación ciudadana y el acceso a la información son fundamentales para asegurar que los intereses de la población sean considerados en estos importantes acuerdos.