Según explicó Gustavo Porco, ejecutivo gremial del Beni, esta disposición vulnera sus derechos constitucionales, por lo que ratificaron su apoyo a todas las medidas anunciadas a nivel nacional.

"Estamos en contra de este artículo séptimo porque no solo nos afecta a nosotros, sino también a otras instituciones", declaró Porco.

El ejecutivo gremial del Beni hizo un llamado a las autoridades para que escuchen las demandas del sector y analicen los impactos que la Adicional Séptima podría tener en la estabilidad económica de los comerciantes.

Protesta nacional

En un ampliado nacional llevado adelante el pasado jueves, las Confederación de Gremiales de Bolivia, determinó dejar sin efecto el anuncio de un paro y bloqueo nacional de carreteras, y optaron por presentar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), una “Acción de Constitucionalidad Abstracta” contra la disposición adicional séptima de la Ley 1613, del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

¿Qué dice la disposición?

La disposición adicional séptima de la Ley 1613, establece que: “Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.