En el marco de la tercera visita carcelaria al penal de varones de Mocoví, las autoridades judiciales firmaron un convenio para implementar la Mesa de Descongestionamiento Penal, mientras los internos denunciaron una aguda crisis por falta de agua, escasez de prediarios y ausencia de vehículos de emergencia.
Por la Redacción Central de La Palabra del Beni
I. Radiografía del penal de Mocoví: 884 internos y graves carencias estructurales
La Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) del Beni, encabezada por su presidenta Patricia Quintero, llevó a cabo la tercera visita carcelaria oficial de la gestión al Centro de Rehabilitación Mocoví Varones. El acto contó con la participación de las principales autoridades del sistema penal y de protección de derechos: el fiscal departamental Orlando Aramayo, el delegado defensorial Alberto Condori, la directora departamental de Régimen Penitenciario Janet Acosta, el gobernador del recinto capitán Víctor Hugo Claro Siles, y representantes del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep).
Durante la apertura de la sesión, el gobernador del penal informó que el recinto alberga actualmente a 884 personas privadas de libertad, una cifra que agrava los niveles de sobrepoblación y colapso de los servicios básicos.
II. La voz de los internos: Emergencia por agua potable, prediarios y falta de transporte
En representación de la población penal, el recién electo delegado de los internos, Fernando Belo Hilo, expuso ante las autoridades una serie de demandas críticas que amenazan la subsistencia diaria al interior del penal:
* Corte total de agua potable y servicios básicos: Denunció que la Gobernación del Beni se niega a asumir la firma del contrato de agua y el mantenimiento de servicios básicos, dejando al penal sin suministro. Los reclusos han tenido que organizarse para comprar cisternas con recursos propios e incluso con aportes solidarios de autoridades judiciales para poder hidratarse y cocinar.
* Deuda de prediarios y riesgo alimentario: Advirtió que existe un retraso de meses en los pagos del prediario por parte de la Gobernación, pese a los supuestos desembolsos del nivel central. Debido a esta deuda acumulada, la empresa proveedora de alimentos amagó con cortar el servicio, restando provisiones para apenas tres días.
* Ausencia de vehículos de emergencia: Señaló que ni Seguridad Ciudadana ni Régimen Penitenciario se hacen cargo del mantenimiento o combustible de los motorizados del penal, lo que impidió recientemente una oportuna evacuación médica de emergencia ante un recluso gravemente enfermo.
III. Respuestas institucionales: Diagnóstico y control de la retardación
Ante las denuncias, el fiscal departamental Orlando Aramayo ratificó el compromiso del Ministerio Público de precautelar los derechos de los detenidos preventivos, anunciando que estas visitas carcelarias se extenderán al Centro de Orientación Femenina y al centro de menores infractores Maná.
Por su parte, el delegado defensorial Alberto Condori expresó su profunda preocupación por el hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria, exigiendo que las acciones de descongestionamiento se ejecuten con estricto respeto a los derechos humanos y al derecho a la defensa para frenar la retardación de justicia.
IV. Firma de convenio: Mesa de Descongestionamiento y Sistema de Alerta Temprana (SAT-DP)
Como eje central de la jornada, las instituciones firmaron un convenio marco multilateral de cooperación interinstitucional para formalizar dos herramientas clave de gestión penal:
* Institucionalización de la Mesa de Descongestionamiento Penal: Instancia permanente de coordinación entre el Órgano Judicial, el Ministerio Público, Defensa Pública, Régimen Penitenciario y la veeduría de la Defensoría del Pueblo para agilizar procesos y reducir el hacinamiento.
* Implementación del Sistema de Alerta Temprana de Detenciones Preventivas Prolongadas (SAT-DP): Un mecanismo técnico de cruce periódico de información entre el padrón penitenciario y el sistema informático del Órgano Judicial, diseñado para detectar oportunamente los casos con plazos vencidos, sin acusación o sin audiencia señalada, notificando de inmediato a los tribunales competentes.