Dos cajas fuertes vacías fueron encontradas este miércoles en la vivienda de Aldo Quezada, ex presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, durante un allanamiento ejecutado por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y una comisión de fiscales en el marco del caso de las 32 maletas.
El operativo se realizó en horas de la mañana en un inmueble de la zona norte de Santa Cruz de la Sierra y estuvo encabezado por el nuevo coordinador de la Fiscalía de Sustancias Controladas, Rolando Salvatierra.
Al comenzar la intervención, Quezada fue notificado con una orden de aprehensión emitida luego de que no acudiera a declarar pese a haber sido citado con fecha y hora establecidas. El exjuez es investigado por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.
Durante la requisa, los investigadores secuestraron documentación que será incorporada al proceso. Uno de los elementos que llamó la atención fue la presencia de dos cajas fuertes en un ambiente de la casa; tras la inspección, se verificó que ambas estaban vacías.
Hasta el momento no se estableció si esos compartimentos guardaron antes dinero, documentos u otros objetos de interés para la investigación. Tampoco se informó sobre otros hallazgos que permitan vincular el inmueble con los hechos investigados.
Concluido el allanamiento, Quezada fue trasladado a dependencias de la Fiscalía de Sustancias Controladas, en el barrio Las Palmas, donde deberá prestar una nueva declaración ante la comisión de fiscales asignada al caso.
El expresidente del TDJ ya había declarado antes ante los investigadores en calidad de testigo, pero el avance de las pesquisas derivó en una nueva actuación procesal, ahora como investigado.
De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, la Fiscalía prepara nuevos allanamientos, citaciones y otras actuaciones dentro del caso, que tiene entre sus principales investigados a la exdiputada Laura Rojas y al exjuez Hebert Zeballos. Las pesquisas también alcanzan a funcionarios judiciales y fiscales que habrían intervenido en actuaciones relacionadas con el proceso.
En dependencias fiscales se informó además que, tras la declaración de Quezada, se prevé presentar una imputación formal por los tres delitos atribuidos. Luego, la autoridad jurisdiccional deberá definir su situación jurídica en una audiencia de medidas cautelares.