La Asamblea Legislativa Departamental sancionó por unanimidad la norma que institucionaliza mecanismos de mediación, monitoreo y corredores humanitarios para proteger la economía beniana.
En una sesión maratónica que sentó un precedente histórico de madurez política, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) del Beni sancionó por unanimidad la "Ley Departamental de Defensa y Garantía de la Libre Transitabilidad". Con esta normativa, el Beni se convierte en el primer departamento de Bolivia en diseñar un blindaje institucional integral para mitigar el desabastecimiento y la asfixia económica provocada por los constantes cercos viales en las rutas nacionales.
La norma es el resultado directo de la fusión de dos proyectos de ley presentados por las bancadas de la ALD. Lejos de buscar la confrontación o la persecución jurídica, el espíritu de la ley se enfoca en la prevención estratégica. Para ello, determina la creación del "Sistema de defensa de la libre transitabilidad y servicios esenciales", una estructura interinstitucional de carácter técnico, preventivo y conciliador que articulará acciones entre la Gobernación, subgobernaciones, corregimientos, el Comité Cívico y los sectores productivos organizados.
Monitoreo, mediación y el derecho a la protesta
A diferencia de las interpretaciones preliminares del debate legislativo, el texto oficial de la ley destaca por su estricto apego a la Constitución Política del Estado. En su Disposición Adicional Primera, la norma estipula textualmente que "no criminaliza la protesta pacífica ni restringe derechos constitucionales". Asimismo, el artículo 6 reconoce plenamente el derecho a la manifestación pública.
El verdadero núcleo operativo de la ley radica en las facultades otorgadas al nuevo Sistema Departamental para adelantarse al impacto de los conflictos. Entre sus funciones principales se encuentran el monitoreo de carreteras, la emisión de alertas tempranas, la habilitación de rutas alternativas (viales, fluviales o aéreas) y, fundamentalmente, la gestión de corredores humanitarios y de abastecimiento esencial en coordinación con la Policía Boliviana, el Ministerio Público y las redes de salud.
Blindaje para los servicios esenciales
Las autoridades legislativas remarcaron que el Beni padece de forma sistemática las consecuencias de los bloqueos en puntos externos estratégicos de la Red Vial Fundamental, como San Julián y Yucumo, lo que paraliza el ingreso de recursos básicos de forma externa.
Para contrarrestar esta vulnerabilidad, el Artículo 11 de la ley declara como servicios esenciales prioritarios sujetos a protección absoluta a la salud pública, las ambulancias y emergencias, el abastecimiento alimentario, el transporte sanitario y el combustible. Ante riesgos de desabastecimiento o aislamiento, el Ejecutivo Departamental queda plenamente facultado para declarar "Alerta" o "Emergencia Departamental de Transitabilidad", activando presupuestos y logísticas especiales de contingencia.
Sancionada a los once días del mes de junio de dos mil veintiséis bajo la firma de la directiva de la ALD, esta ley marca un hito de innovación autonómica en Bolivia. El Beni demuestra al país que la seguridad alimentaria y el desarrollo económico regional pueden defenderse mediante la planificación institucional, el consenso democrático y el estricto respeto a los derechos humanos.