Este jueves, los concejales Aleida Barboza y Lino Richar Mamani, presidenta y vicepresidente respectivamente de la Comisión de Servicios Públicos, Vialidad y Transporte del Concejo Municipal de Trinidad, junto al concejal Víctor Alfonso Quispe, realizaron una inspección "in situ" a los trabajos de construcción de la planta de tratamiento de agua potable en la zona 13 de Abril. Fueron acompañados por la directiva del barrio, personeros del Ejecutivo Municipal y de SAMUTRI, la supervisión de la obra y representantes de la empresa constructora.

Durante la inspección, se constató que el avance de las obras civiles es del 96%. También se escucharon algunos reclamos y denuncias realizadas por la directiva de la zona, con quienes se logró agendar una reunión de mesa técnica para analizar esas observaciones y buscar una solución de acuerdo a la documentación respaldatoria.

El concejal Lino Richar Mamani manifestó que si no se cumplen los plazos, procedimientos y garantías que debe tener un proyecto de más de 180 millones de dólares, el BID, como financiador, puede postergar la obra. Sin embargo, recibieron información de que el BID realizó una supervisión y confirmó que la empresa está cumpliendo con los avances en todos los componentes del proyecto. Esto significa que hasta el 31 de octubre culminarán las obras civiles y tendrán 4 meses, hasta febrero de 2025, para realizar las pruebas de funcionamiento de todos los componentes del proyecto y poder realizar la entrega definitiva.

Al referirse a los reclamos y denuncias de los vecinos, el concejal Mamani explicó que hay algunas competencias que son de cumplimiento exclusivo de la empresa constructora y otras que corresponden al Ejecutivo Municipal, como el arreglo de las calles colindantes a la planta de tratamiento y los circuitos de acceso a dicha planta.

"Cuando se aprobó este proyecto, en la gestión de nuestro ex alcalde Mario Suárez, había algunos compromisos que deben cumplirse a través de un convenio, los mismos que el actual Alcalde Cristhian Cámara cumplirá, porque las autoridades pasan, pero las instituciones quedan y los proyectos siguen su curso", dijo.

Añadió que, sobre la denuncia de los vecinos de que supuestamente se estuviese sacando tierra del lugar y trasladándola a predios privados, la autoridad edil mencionó que la Comisión de Servicios Públicos, de acuerdo a la Ley 339, tiene la facultad de realizar una petición de informe a la supervisión de la obra para que informen si es de su conocimiento dicha denuncia. Como Concejales, también deben tener pruebas con documentación respaldatoria para poder exigir una sanción para el o los posibles culpables, si es que dicha denuncia resulta cierta.