Judicialización pone en riesgo las elecciones generales
Días después de concluir el plazo de registro de candidaturas, las elecciones generales se encuentran en riesgo debido a recursos legales que fueron presentados en contra de varios partidos políticos para que no participen de los comicios del domingo 17 de agosto.

En las últimas horas, se conoció una
demanda interpuesta en contra de Unidad Nacional (UN), debido a que, en 2016,
Samuel Doria Medina, habría incurrido en supuestos actos de discriminación en
contra de la exministra Marianela Paco.
“Tenemos este abanico (de demandas), como
pipocas están emergiendo estas acciones legales que, sin duda alguna, están
pretendiendo afectar este proceso electoral”, afirmó el vocal del Tribunal
Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi.
En Santa Cruz, se presentó una acción
popular en contra del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), que lidera
Eva Copa, y Autonomía Para Bolivia (APB) Súmate, de Manfred Reyes Villa, porque
ambos partidos habrían obtenido sus personerías jurídicas en plazos
irregulares.
A estos casos se suman los promovidos por
el activista Peter Erlwein Beckhauser en contra del Movimiento Tercer Sistema
(MTS) en Santa Cruz, que forma parte de Alianza Popular, cuyo candidato es
Andrónico Rodríguez que fue resuelto y declarado improcedente la pasada
jornada.
Otros tres casos deben ser analizados en
las próximas horas, el primero es una Acción de Cumplimiento en Beni donde
Beckhauser acudió a una Sala Constitucional para intentar dejar fuera de
carrera al MTS.
El segundo es una acción de amparo
constitucional en La Paz, por el conflicto del líder del MTS, Félix Patzi, con
su exesposa Maziel Terrazas, y la tercera es una Acción Popular en Santa Cruz
en contra de ocho organizaciones políticas que participan de las elecciones
generales.
El activista presentó otra demanda contra
el Movimiento Al Socialismo (MAS), sin embargo, fue retirada.
De hecho, hay otras demandas en contra del
Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS) para que el
TSE les cancele sus personerías jurídicas.