Según el jurista la participación de estos magistrados en la Sala Plena puede "deslegitimar la nueva presidencia" del TCP, ya que sus mandatos han excedido el periodo constitucional de seis años establecido por la Constitución Política del Estado.

En una entrevista con la Red Rubí argumentó que es fundamental que los magistrados prorrogados no formen parte de esa instancia debido a que sus mandatos han expirado.

Este tema ha generado debate después de que una reciente reunión de la Sala Plena no logró definir la elección del presidente, decisión que fue aplazada para un análisis legal más detallado.

Actualmente, el TCP enfrenta una situación compleja con cuatro magistrados recientemente electos y los cinco magistrados cuyos mandatos se extendieron de forma inconstitucional.

Urioste alertó que sólo aquellos magistrados que están en pleno ejercicio de sus funciones, respaldados por el mandato popular, deberían tener voz en la elección del nuevo presidente, ya que “tienen las credenciales que les acredita su funcionamiento dentro del término legal”.

Punto crítico

Agregó que el Tribunal Constitucional se encuentra en un punto crítico, donde las decisiones tomadas podrían impactar la percepción de legitimidad y el funcionamiento del sistema judicial en el país.

Urioste enfatizó en la necesidad de que las autoridades en pleno ejercicio de sus funciones sean las encargadas de tomar decisiones tan trascendentales como la elección del presidente del TCP.

El TCP, actualmente, está conformado por nueve miembros, cinco de ellos fueron electos en 2017 y ampliados en su mandato; mientras que cuatro resultaron ganadores en las elecciones judiciales del 15 de diciembre de 2024.

La sesión sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) celebrada el miércoles resolvió dar continuidad a Gonzalo Hurtado en la presidencia de ese órgano.

La presidencia de Hurtado fue cuestionada por varios sectores y sus colegas electos el 15 de diciembre de 2024 que reclamaron ese cargo para una de las nuevas autoridades.