Dentro de la Acción de Cumplimiento interpuesta por el Defensor del Pueblo, el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia 1° de Guayaramerín emitió la Sentencia N° 01/2026, disponiendo que el gobernador Alejandro Unzueta cancele en el plazo improrrogable de 15 días la totalidad de los prediarios y deudas con proveedores de los recintos carcelarios del departamento.
La crisis carcelaria en el departamento del Beni sumó un fallo judicial categórico. El Juzgado Público Mixto Civil, Comercial y de Familia 1° de Guayaramerín, a cargo del Dr. René Gamboa Calderón, resolvió conceder la tutela solicitada por el Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, Pedro Francisco Calisaya Aro, en contra del gobernador del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, Alejandro Unzueta Shiriqui.
La acción legal fue presentada tras comprobarse las graves vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en la carceleta "Las Palmas" de Guayaramerín y otros centros penitenciarios del departamento, debido a la falta de pago de prediarios, deficiencias en la alimentación y deudas acumuladas por servicios básicos como agua y luz.
Incumplimiento del Decreto Supremo N° 1854
Durante la audiencia pública llevada a cabo el 8 de abril de 2026 —a la cual la autoridad accionada (Gobernación del Beni) no se presentó ni remitió informe alguno—, la representación defensorial acreditó que se adeudan meses de prediarios correspondientes a la gestión 2025 y al inicio de 2026.
El fallo judicial fundamenta su decisión en el artículo 134 de la Constitución Política del Estado (CPE) sobre la Acción de Cumplimiento y ratifica los alcances del Artículo Único del Decreto Supremo N° 1854 (de 24 de diciembre de 2013), el cual establece de manera imperativa que "las entidades territoriales autónomas departamentales son responsables del pago total de los gastos por prediarios de todas las personas privadas de libertad ubicadas en su departamento".
Riesgo crítico de salud y desabastecimiento
El legajo probatorio presentado por el Defensor del Pueblo incluyó certificados médicos emitidos por el galeno de la carceleta "Las Palmas", Dr. Alexander Flores Chaves, los cuales evidenciaron el estado crítico de salud de varios internos (tales como Rodolfo Camargo Cueva, Juan Gabriel Benegas Oliva, Gery Yanamo Berthol, Galy Quiroga Oponte y Claudio Perreira Filho, entre otros) a consecuencia directa de las deficiencias en la alimentación regular.
Asimismo, se expuso que la empresa proveedora de alimentos había manifestado su negativa de continuar suministrando víveres ante la mora insostenible, sumado a las denuncias de cortes o deudas prolongadas en los servicios de agua potable y energía eléctrica en los recintos penitenciarios.
Mandato judicial: Plazo fatal de 15 días
Ante la contundencia de las pruebas y la omisión de defensa por parte del Ejecutivo departamental, el Juzgado resolvió emitir los siguientes mandatos de cumplimiento obligatorio:
Cancelación total de prediarios: La autoridad accionada (Gobernador del Beni) debe cancelar en el plazo de quince (15) días a partir de su notificación la totalidad de los prediarios adeudados de las gestiones 2025 y 2026, tanto en favor de los internos de la carceleta "Las Palmas" como de todos los beneficiarios de los recintos carcelarios del departamento.
Pago a proveedores de alimentos: En el mismo plazo de 15 días, se ordena cancelar la totalidad de la deuda acumulada con la empresa proveedora de alimentos de la carceleta de Guayaramerín y demás recintos del Beni para garantizar la sostenibilidad del suministro de víveres.
Finalmente, el fallo dispuso la elevación de obrados en grado de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), conforme lo estipula el parágrafo IV del artículo 134 de la Constitución.