La Policía y algunos medios de comunicación intentaron hacernos ver a Alejandro Zambrana como un psicópata, el “joker boliviano”, como el único culpable de un trágico hecho ocurrido hace una semana atrás.

Con verdades a medias, muchos emitimos apresuradamente un criterio sin conocer la verdad. Hoy, día a día se esclarecen los hechos y según se desarrolla la investigación, se corrobora que Alejandro actuó en defensa propia.

El caso de Alejandro no puede ser juzgado de forma apresurada, parcializada ni bajo ninguna presión. Según los testimonios y algunas filmaciones, Alejandro fue víctima y atacado cobardemente por diez o más personas. Ante esa extrema necesidad, lo único que hizo fue defenderse.

La normativa penal boliviana, reconoce a la legítima defensa como una causal de exclusión de la antijuridicidad en el artículo 11 del Código Penal vigente.

Esta figura jurídica establece que “no es punible quien obra en defensa de un derecho propio o ajeno, siempre que concurran los requisitos de una agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente por parte del defensor”.

Exigimos que se investigue en el marco de las normas procesales, sin manipulación, sin prejuicios y por el contrario con transparencia y objetividad. No debemos permitir que se distorsione la aplicación de la justicia ni que se vulneren principios fundamentales del derecho y garantías constitucionales.

Este caso atañe también a toda la sociedad y no solo es de interés de la familia de Alejandro, ya que esto le puede pasar a cualquiera. Todos tenemos derecho a defendernos cuando nuestra vida está en riesgo y defenderse no es delito.