Hablar de calidad educativa en Bolivia no es un tema exclusivo del sistema escolar, es una preocupación de toda la sociedad. La educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo social, económico y cultural de un país. Las sociedades que lograron reducir la pobreza, fortalecer su democracia y mejorar la productividad, lo hicieron apostando por una educación de calidad, pertinente y sostenida en el tiempo. Bolivia no puede ser la excepción: sin educación de calidad no hay desarrollo posible.

En las últimas décadas, el país registró avances importantes en la cobertura educativa, especialmente en el nivel primario. Según datos oficiales la tasa neta de matrícula en educación primaria supera el 95 %, y la cobertura en secundaria ha mostrado un crecimiento sostenido. Sin embargo, más acceso no ha significado necesariamente mejor aprendizaje y calidad educativa.

Aquí surge uno de los problemas centrales del sistema educativo plurinacional, la calidad. Diversos informes internacionales advierten que garantizar el ingreso y la permanencia en la escuela no es suficiente si los estudiantes no logran adquirir competencias básicas en lectura, escritura y matemática. El Informe de Seguimiento de la Educación para Todos de la UNESCO (2014) señala que uno de los mayores desafíos en América Latina —y Bolivia no está al margen— es la crisis del aprendizaje: millones de estudiantes asisten a la escuela, pero no aprenden lo esencial

En este contexto, la Ley N.º 070 “Avelino Siñani–Elizardo Pérez” planteó una transformación profunda del sistema educativo, con énfasis en lo sociocomunitario y productivo. Sin embargo, con el paso del tiempo, distintos sectores han cuestionado que su implementación haya priorizado la ideologización por encima del fortalecimiento académico, la formación docente y la evaluación objetiva de aprendizajes. La ausencia de mediciones nacionales e internacionales sistemáticas ha limitado la posibilidad de identificar con claridad los avances y retrocesos reales en la calidad educativa.

Otro error recurrente en el debate público es creer que la mejora de la educación depende únicamente de cambios normativos o de una nueva ley. Padres de familia y sociedad en general suelen depositar toda la responsabilidad en el Estado, esperando que una reforma legal, por sí sola, transforme la realidad educativa. Esta visión es reduccionista. Las experiencias exitosas demuestran que ningún sistema educativo mejora de manera sostenida sin el compromiso activo de todos sus actores.

La calidad educativa es una tarea compartida. Las autoridades deben garantizar políticas coherentes, financiamiento adecuado y evaluación transparente. Los maestros y maestras requieren formación continua, reconocimiento profesional y condiciones dignas de trabajo. Las familias cumplen su rol acompañando el proceso educativo, fortaleciendo hábitos de estudio y valores. Y los estudiantes, finalmente, deben asumir un papel activo y responsable en su propio aprendizaje.

Hoy Bolivia vive un momento de expectativa frente a posibles cambios políticos y a la llegada de un nuevo gobierno con otra orientación ideológica. Esta coyuntura representa una oportunidad, pero también un riesgo. La educación no puede seguir siendo un campo de disputa política ni ideológica, debe convertirse en una política de Estado con acuerdos y visión de largo plazo.