Hace unos días, el Presidente Rodrigo Paz anunció que uno de los principios de su gobierno será “cimentar una cultura de confianza entre los bolivianos”. Lejos de una consigna circunstancial, este objetivo debería asumirse como una prioridad nacional si se quiere recomponer el tejido social y asegurar la gobernabilidad democrática, el desarrollo económico y la cohesión social, más aún en un país que ha construido buena parte de su identidad colectiva alrededor del escepticismo.

Según la Encuesta Mundial de Valores (2018), apenas el 9% de los bolivianos cree que se puede confiar en los demás. En la misma línea, el Latinobarómetro 2024 muestra niveles alarmantemente bajos de confianza en las principales instituciones del Estado: el 12% confía en el gobierno, el 13% en el Órgano Judicial, el 10% en los partidos políticos, el 16% en la Policía, el 20% en el Parlamento y el 24% en los sindicatos. Estas cifras nos sitúan en los últimos lugares entre los países del continente.

La confianza puede definirse como la expectativa compartida de que las personas y las instituciones procederán de manera previsible, honesta y conforme a reglas pre establecidas. En el ámbito público, implica creer que el Estado ejercerá el poder dentro de límites, que respetará derechos, cumplirá compromisos y actuará en función del interés general.

En Bolivia, la desconfianza se ha convertido en un principio tácito de organización social. El Estado diseña políticas suponiendo el incumplimiento del ciudadano, y el ciudadano actúa suponiendo el abuso del Estado. En ese contexto, las normas pierden legitimidad, las instituciones se vacían de sentido, la cooperación social se encarece y el conflicto se vuelve permanente. Las consecuencias son evidentes: autoridad erosionada, apatía política, informalidad económica, evasión fiscal, conflictividad social y, en casos extremos, la tendencia a imponer salidas violentas.

Desde el Estado, la exigencia de múltiples requisitos, certificaciones redundantes, legalizaciones y duplicaciones de trámites, reflejan una baja confianza institucional que parte del supuesto implícito de que el ciudadano no cumple o a actúa de mala fe.  La política tributaria –por ejemplo-- se apoya de manera predominante en mecanismos de sobre fiscalización, acoso, sanción y multa, especialmente hacia pequeños y medianos contribuyentes, revelando una desconfianza estructural del Estado hacia el ciudadano como sujeto económico.

En el ámbito empresarial, la situación no es distinta. Controles de precios, restricciones administrativas, autorizaciones previas y marcos regulatorios, además de entidades como la Autoridad de Empresas, el SEPREC o de inequitativas normas laborales, parten de la premisa de que los empresarios abusarán del consumidor o del trabajador si no son estrictamente vigilados. El resultado es un Estado policial y un sector privado precarizado, con menores incentivos para invertir, innovar y generar empleo.

Décadas de desconfianza han generado profecías autocumplidas. Los ciudadanos asumen que los impuestos serán irremediablemente dilapidados, que los gobiernos no cumplirán sus promesas y se corromperán, y que la aplicación de la ley es siempre selectiva y dependiente del poder político o económico.  Estas creencias alimentan un sistema en el que la mayoría de la gente no cree que el cambio sea posible, no paga impuestos, no participa en la vida pública y confirma su escepticismo ante cada fracaso. Así se consolida un círculo vicioso donde el Estado controla más porque no confía, el ciudadano evade porque no cree, la informalidad se expande y la legitimidad institucional se deteriora.

En un país construido sobre decepciones, frustraciones y mentiras, recuperar la fe y certidumbre no es tarea fácil.  La confianza no se impone ni surge de la retórica; se construye de manera gradual, y necesita coherencia y consistencia en el tiempo, instituciones creíbles, reglas estables y ciudadanos responsables y, sobre todo una visión de largo plazo que trascienda gobiernos y ciclos electorales. No basta con reformar leyes si las prácticas informales permanecen intactas. La confianza solo emerge cuando existe coherencia entre normas, discursos y comportamientos.

Para avanzar hacia el objetivo que ha planteado el Presidente Paz será imprescindible el fortalecimiento del Estado de derecho, la independencia de los órganos de control, la transparencia en la gestión pública, la profesionalización del servicio civil y la práctica y la participación ciudadana efectiva. La lucha contra la corrupción y la desburocratización, así como la libertad económica deben convertirse en políticas de Estado y restablecerse los espacios de fiscalización pública y control social, incluyendo la eliminación de la Ley 351.

Construir confianza es una tarea compleja, gradual y nunca concluida, pero absolutamente necesaria. En última instancia, no es solo un resultado deseable, sino una condición para que la vida en común sea posible y sostenible.