¿La democracia en riesgo?
Elecciones judiciales, otra vez paralizadas El Gobierno Municipal Autónomo de Trinidad (GAMT), la Confederación Amazónica de Naciones y Pueblos Indígenas de Bolivia (CANIB), expresaron su rechazo al fallo constitución 0770/2024, que declara desierta la convocatoria para magistrados de Beni y Pando al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y también declara desierta la convocatoria del tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en los departamentos de Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.
El
dirigente indígena de la Confederación Amazónica de Naciones y Pueblos
Indígenas de Bolivia (CANIB), Marcelo Guaji Noe, lamentó que la justicia siga
siendo manejada por intereses personales, lo que impide un verdadero acceso a
la justicia para el pueblo boliviano. "La justicia está siendo manipulada
por diferentes actores, cuando el único responsable de organizar y garantizar
estas elecciones debe ser el Órgano Electoral. Si es necesario para defender la
democracia nosotros nos iremos a marcha", expresó.
“Este
fallo, emitido rápidamente por la Sala Cuarta del TCP, busca dejar sin efecto
la convocatoria de magistrados para el Tribunal Supremo en Beni y Pando, así
como los cargos del Tribunal Constitucional en cinco Departamentos. Esta medida
socava el derecho universal al voto y perturba el proceso electoral. El
Municipio de Trinidad condena la violación del principio de preclusión, crucial
para el sistema electoral de Bolivia, y declara el estado de alerta contra las
restricciones a los derechos colectivos de los ciudadanos en todo el
departamento y el país”, reza por su parte, un comunicado oficial, emitido por
el GAMT.
Por
su parte un jurista entendido en materia constitucional, aseguró que el fallo
declara desierta la convocatoria para magistrados de Beni y Pando, y del TCP en
5 departamentos.
“La
sentencia constitucional 0770/2024-S4 no establece que ellos (los magistrados
denominados auto prorrogados), se van a quedar indefinidamente, simplemente
indica que se declara desierta la convocatoria para magistrados del TSJ en el
Beni y Pando, y del TCP en Beni, Pando,
Cochabamba, Santa Cruz y Tarija (…) y esto porque se violentaron los principios
de idoneidad y de meritocracia porque en eso departamentos se incluyeron
aplazados”, afirmó el jurista, leyendo el fallo emitido este jueves.
Por
su parte, la segunda parte emitida por el municipio trinitario, único en todo
el país que se pronunció sobre este caso, reza lo siguiente.
“En
defensa de la democracia, el municipio tomará todas las acciones necesarias
para proteger la democracia boliviana y apoyará los esfuerzos institucionales y
los derechos colectivos de toda la población beniana, para garantizar
elecciones justas para todas las nuevas autoridades judiciales y
constitucionales previstas para el 15 de diciembre de este año. ¡Bolivia nació
libre y es nuestro deber salvaguardar esa libertad!”, enfatizó el GAMT de
Trinidad.
Por
su parte, Guaji también denunció que detrás de esta “abusiva” paralización,
podrían haber grupos interesados en reactivar la "media luna", lo que
es una maniobra política más para mantener el control de la justicia en manos
de lo que llamó los “autoprorrogados”.
Con
una postura firme, la CANIB “reafirmó su compromiso de defender la justicia,
asegurando que no permitirán que las elecciones judiciales sean detenidas y
propondrán alternativas para garantizar su realización en el marco de la
democracia y el respeto a los derechos fundamentales de los bolivianos”,
declaró.
Según
el jurista consultado, el fallo se base en el precepto que no se respetó la
paridad constitucional.
“No
se respetó la paridad ejemplo en Beni para el Tribunal Constitucional,
solamente habían tres candidatos dos hombres y una mujer no se respetaba la
paridad y encima la candidata mujer estaba reprobada en el Tribunal Supremo de
justicia en el departamento del Beni, habían ocho candidatos de los cuales
cuatro eran hombres y cuatro eran mujeres, pero de las cuatro mujeres tres
estaban aplazadas”, declaró el magistrado.
De
todas formas, esta nueva acción suma a las más de 35 acciones constitucionales
que buscaron frenar el proceso electoral de nuevas autoridades judiciales,
desde que este inicio.