¿La democracia en riesgo?

Elecciones judiciales, otra vez paralizadas El Gobierno Municipal Autónomo de Trinidad (GAMT), la Confederación Amazónica de Naciones y Pueblos Indígenas de Bolivia (CANIB), expresaron su rechazo al fallo constitución 0770/2024, que declara desierta la convocatoria para magistrados de Beni y Pando al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y también declara desierta la convocatoria del tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en los departamentos de Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.

¿La democracia en riesgo?



El dirigente indígena de la Confederación Amazónica de Naciones y Pueblos Indígenas de Bolivia (CANIB), Marcelo Guaji Noe, lamentó que la justicia siga siendo manejada por intereses personales, lo que impide un verdadero acceso a la justicia para el pueblo boliviano. "La justicia está siendo manipulada por diferentes actores, cuando el único responsable de organizar y garantizar estas elecciones debe ser el Órgano Electoral. Si es necesario para defender la democracia nosotros nos iremos a marcha", expresó.

“Este fallo, emitido rápidamente por la Sala Cuarta del TCP, busca dejar sin efecto la convocatoria de magistrados para el Tribunal Supremo en Beni y Pando, así como los cargos del Tribunal Constitucional en cinco Departamentos. Esta medida socava el derecho universal al voto y perturba el proceso electoral. El Municipio de Trinidad condena la violación del principio de preclusión, crucial para el sistema electoral de Bolivia, y declara el estado de alerta contra las restricciones a los derechos colectivos de los ciudadanos en todo el departamento y el país”, reza por su parte, un comunicado oficial, emitido por el GAMT.

Por su parte un jurista entendido en materia constitucional, aseguró que el fallo declara desierta la convocatoria para magistrados de Beni y Pando, y del TCP en 5 departamentos.

“La sentencia constitucional 0770/2024-S4 no establece que ellos (los magistrados denominados auto prorrogados), se van a quedar indefinidamente, simplemente indica que se declara desierta la convocatoria para magistrados del TSJ en el Beni y Pando, y  del TCP en Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija (…) y esto porque se violentaron los principios de idoneidad y de meritocracia porque en eso departamentos se incluyeron aplazados”, afirmó el jurista, leyendo el fallo emitido este jueves.

Por su parte, la segunda parte emitida por el municipio trinitario, único en todo el país que se pronunció sobre este caso, reza lo siguiente.

“En defensa de la democracia, el municipio tomará todas las acciones necesarias para proteger la democracia boliviana y apoyará los esfuerzos institucionales y los derechos colectivos de toda la población beniana, para garantizar elecciones justas para todas las nuevas autoridades judiciales y constitucionales previstas para el 15 de diciembre de este año. ¡Bolivia nació libre y es nuestro deber salvaguardar esa libertad!”, enfatizó el GAMT de Trinidad.

Por su parte, Guaji también denunció que detrás de esta “abusiva” paralización, podrían haber grupos interesados en reactivar la "media luna", lo que es una maniobra política más para mantener el control de la justicia en manos de lo que llamó los “autoprorrogados”.

Con una postura firme, la CANIB “reafirmó su compromiso de defender la justicia, asegurando que no permitirán que las elecciones judiciales sean detenidas y propondrán alternativas para garantizar su realización en el marco de la democracia y el respeto a los derechos fundamentales de los bolivianos”, declaró.

Según el jurista consultado, el fallo se base en el precepto que no se respetó la paridad constitucional.

“No se respetó la paridad ejemplo en Beni para el Tribunal Constitucional, solamente habían tres candidatos dos hombres y una mujer no se respetaba la paridad y encima la candidata mujer estaba reprobada en el Tribunal Supremo de justicia en el departamento del Beni, habían ocho candidatos de los cuales cuatro eran hombres y cuatro eran mujeres, pero de las cuatro mujeres tres estaban aplazadas”, declaró el magistrado.

De todas formas, esta nueva acción suma a las más de 35 acciones constitucionales que buscaron frenar el proceso electoral de nuevas autoridades judiciales, desde que este inicio.

 

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