El derecho a la Asistencia Familiar es un derecho humano, en nuestro país actual y recientemente en el mes de enero de 2024 la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó la Ley 055 norma que ejerce mayor control sobre el pago de asistencia familiar como medida que  garantice su cumplimiento oportuno, situación que se constituye una cruel realidad que deja en completa desventaja e inequidad a las mujeres madres, la niñez y adolescencia, en Bolivia existe una total peregrinación en estrados judiciales para que los progenitores obligados en su mayoría cumplan con proveer ese aporte económico que está determinado en la suma de Bs. 500 que debería ser cancelado de forma pronta y oportuna según la norma el cual está destinado a cubrir las necesidades básicas de los y las menores de edad o adolescentes y jóvenes en formación profesional tal como se tiene establecido en la Ley Nro. 603 Art. 116.

Partiendo del análisis de la suma que debe ser brindada de Bs. 500 monto mínimo que la misma ley establece, sigue siendo ínfima para la manutención y crianza de un menor o adolescente, en su mayoría son madres las que ejercen la crianza absoluta de sus hijos y el monto no llega a cubrir los gastos diarios o mensuales, lo que perpetua la desventaja de las mujeres madres frente a los varones obligados a prestar esa asistencia económica, como sociedad vemos esa realidad y poco o nada se hace ante el abandono paternal en la mayoría de las situaciones, por qué razón la crianza es ejercida unilateralmente por las madres y la desventaja social y económica que eso conlleva lo que implica un problema social invisibilizado, por lo que el incumplimiento de pago y el cobro de esa asistencia familiar no solo implica iniciar un proceso judicial sino que también implica represalias en contra de quien acude a la vía judicial para cobrar lo adeudado y que durante ese tiempo de incumplimiento ha sido cubierto por quien está a cargo de la cuidado absoluto, el cálculo que hicieron nuestros legisladores que anualmente varia respecto al incremento salarial conforme lo indica el Art. 116-IV CFPF.

La normativa familiar Ley 603, Código Niño, niña y Adolescente Ley 548, Convención sobre los Derechos del Niño, Observación General Nro. 12 y 14 describen un principio supremamente importantísimo como es el Principio del Interés Superior del niño (a) y el derecho a ser escuchado, el cual debe ser cumplido a cabalidad en todos los casos que involucren a la niñez y adolescencia y su cumplimiento debe ser obligatorio siendo que es un mandato el proveer la asistencia familiar oportunamente.

Las Niñas, Niños y Adolescentes y las madres en Bolivia deben ser atendidas con un Enfoque de Género e interserccionalidad en todas las áreas, tal necesidad y obligatoriedad de incluso juzgar con perspectiva de género se encuentra plasmado en el Bloque de Constitucionalidad, Sentencias Constitucionales incluso existe un protocolo para juzgar con Perspectiva de Género del Órgano Judicial, en procesos familiares tomando en cuenta las inequidades y la falta de acceso a la justicia de las mujeres y madres de familia tanto en la ciudad como en el área rural al ser situaciones distintas que merecen atenciones con prioridad ante cualquier demanda. Por otro lado también está visible pero no atendidas las faltas que cometen quienes estando a cargo de la Guarda de los hijos y las hijas prohíben el ejercicio de la paternidad o maternidad con restricciones extremas con el único afán de generar en el otro progenitor/ra efectos negativos como represalias personales incurriendo en daño psicológico a las niñas, niños y adolescentes que derivan en violencia vicaria y síndrome de alienación parental que en sus efectos condiciona y reproduce en los menores problemas psicológicos extremos, de comportamiento y hasta físicos/clínicos.

En este día de conmemoración al 08 de marzo Dia Internacional e la Mujer queremos contribuir con este articulo a la concientización de la sociedad y del Estado de este importante problema que afecta a mujeres, madres, niñas, niños y adolescentes día a día para que se tomen medidas eficaces destinadas a la erradicación de la violencia en todas sus formas.