El asambleísta departamental Carlos Lazo reveló que la Gobernación del Beni canceló los prediarios a la población carcelaria bajo la modalidad de "fondos en avance" sin contar con presupuesto disponible en la partida correspondiente. Advirtió sobre responsabilidades penales contra los ejecutivos por incumplimiento de deberes y mala planificación financiera.
El conflicto desatado en el Centro Penitenciario de Mocoví por el impago de prediarios sumó un nuevo capítulo de fiscalización política. Tras las intensas medidas de presión ejercidas por los internos y sus familiares, el asambleísta departamental Carlos Lazo denunció que los desembolsos efectuados a contrarreloj por el Ejecutivo departamental incurrieron en graves irregularidades administrativas y presunta malversación de fondos.
El legislador aclaró que la alimentación penitenciaria es una obligación ineludible de la Gobernación; sin embargo, sostuvo que la forma en que se resolvió la crisis bajo presión expuso la "falta de capacidad, programación y planificación" de la estructura técnica de la administración departamental.
Sin presupuesto en la partida y violaciones a la norma
Apoyado en los reportes de ejecución del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) —al cual tuvo acceso en el marco de sus atribuciones de fiscalización—, Lazo demostró que la partida correspondiente a alimentación hospitalaria, penitenciaria y otras específicas registraba saldo cero al momento del pago.
"No tenían presupuesto en esta partida (...) Lo que acaban de hacer es ganarse un proceso por incumplimiento de deberes y malversación de fondos", aseveró la autoridad legislativa, argumentando que se vulneró el artículo 5 de la Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria y normativas departamentales vigentes, al utilizar la figura de "fondos en avance" para cubrir gastos que no están contemplados dentro del manual de procedimientos de dicho mecanismo.
Críticas a la planificación y al debate del "50-50"
Asimismo, el asambleísta advirtió que el Ejecutivo departamental pretendería subsanar la ilegalidad realizando modificaciones presupuestarias posteriores para inscribir recursos en la partida agotada, procedimiento que calificó de incorrecto y extemporáneo.
Finalmente, Lazo aprovechó la oportunidad para cuestionar el discurso del Ejecutivo en el plano departamental, señalando que si la administración actual no demuestra capacidad técnica para programar gastos ineludibles y básicos como los prediarios hasta fin de gestión, mucho menos tiene solvencia para sustentar propuestas estructurales para la región. En ese sentido, reveló que la Asamblea Legislativa Departamental no conoce hasta la fecha ninguna propuesta seria redactada por la Gobernación con relación al debate del 50-50 frente al Gobierno central.