Promulgada en la etapa final de la polarización política de 2019-2020, dicha ley prohibía explícitamente el uso de armamento letal por parte de las Fuerzas Armadas en tareas de control civil, imponía un control parlamentario asfixiante (otorgando a la Asamblea solo 72 horas para revocar cualquier decreto presidencial) y estipulaba que las "movilizaciones sociales o conflictos" no eran causales válidas para suspender las garantías.
Al abrogarse esta norma, el escenario jurídico se restablece a los límites originales de la Constitución Política del Estado (CPE). En términos prácticos, esto se traduce en tres facultades clave que el Poder Ejecutivo recupera de forma inmediata si decide dictar el Estado de Sitio o Excepción:
Operatividad sin restricciones previas: Las fuerzas del orden y el contingente militar ya no estarán atados a los marcos restrictivos de uso de fuerza de la Ley 1341, lo que permite un despliegue operativo y disuasivo real en carreteras estratégicas.
Restricción temporal de derechos: El Estado recupera la potestad legal de dictar toques de queda coordinados, prohibiciones de libre circulación nocturna y, fundamentalmente, la aprehensión temporal de ciudadanos bajo sospecha de desestabilización o atentado a la seguridad pública sin orden judicial previa.
Fin de la parálisis administrativa: El Gobierno ya no dependerá de un veto legislativo automático a corto plazo, permitiendo mantener las medidas extraordinarias vigentes durante el tiempo técnico indispensable para limpiar los puntos de asedio logístico.
Fuentes jurídicas señalan que este movimiento parlamentario busca "blindar" legalmente el accionar de los militares antes de que pisen las carreteras, reduciendo el riesgo de futuros juicios de responsabilidades ordinarios contra el alto mando.