El decano de la prensa regional, La Palabra del Beni, condenó el martes la flagrante intimidación a su labor responsable por parte de funcionarios de la Gobernación, a la cabeza de Tatiana Paniagua y otros que fueron plenamente identificados.

Esa movilización con petardos y expresiones despectivas se produjo frente al edificio de esta empresa, en circunstancias que el personal desarrollaba sus tareas específicas, lo que causó sorpresa y confusión.

“Rechazamos los acontecimientos ocurridos en nuestras instalaciones, se trató intimidar a nuestros periodistas por su labor de informar de manera responsable y documentada sobre la situación de los menores en el Centro Chetequije”, dijo el jefe de prensa, Edwin Flores.

Recordó que como afiliado a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) tienen el deber fundamental de fiscalizar los actos públicos de los funcionarios electos y de quienes administran recursos financieros en las entidades estatales.

Por tanto, la función pública está sujeta a una constante fiscalización por parte de los ciudadanos, ya sea de manera directa o a través del trabajo periodístico, como lo hace LPB, lo que al parecer incomoda a la administración departamental.

Además, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000, establece claramente en su punto 11 que los funcionarios públicos están sujetos a un escrutinio mayor por parte de la sociedad.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el ejercicio responsable y ético del periodismo, velando siempre por el derecho a la información de la ciudadanía y por la transparencia en la gestión pública. No permitiremos que ningún intento de intimidación o censura afecte nuestra labor”, aseguró.

Exhortó a las autoridades y a la sociedad en general a respetar y valorar la labor de la prensa como pilar fundamental de la democracia y garante del derecho a la libertad de expresión.

Con relación a la situación que atraviesa dicho centro de acogida, dijo que la información en sus diferentes etapas fue proporcionada por asambleístas departamentales, autoridades municipales que presentaron una denuncia ante el Ministerio Público.

“Nos limitamos a reflejar los hechos como son, no tenemos otro interés que no sea informar de la manera lo más cercana a la verdad”, enfatizó.