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Migración expulsa a miembros de la secta Kailasa que pretendía crear una nación ficticia

Imágenes desde el aeropuerto de Viru Viru mostraron a través de las redes sociales la expulsión de miembros de la secta Kailasa de Bolivia por parte de la Dirección General de Migración - Bolivia.

Migración expulsa a miembros de la secta Kailasa que pretendía crear una nación ficticia

Según informaron algunas fuentes se trataría de 12 mujeres de las cuales 10 serían de origen chino y 2 de origen hindú. El vuelo sería de Santa Cruz a Sao Paolo con conexión a la ciudad de La Paz de la empresa Boliviana de Aviación BoA, según reportó el periodista John Arandia.

También se anunció de Migración que el mismo procedimiento se realizará con respecto a tres súbditos irlandeses detenidos en el Beni que tuvieron vínculos con el caso Kailasa. Los mismos que también serán expulsados por Brasil.

Las poblaciones que firmaron los “convenios bilaterales” son la nación Baure, los Cayubaba y los Esse Ejja, que habitan en los departamentos amazónicos de Beni y Pando. Según los documentos revisados por el periódico cruceño El Deber, los dirigentes de estas comunidades recibirán entre $us 28 mil y $us 108 mil anuales por el arrendamiento.

En los tres convenios, las hectáreas entregadas a los dirigentes del supuesto estado suman 480 mil y tienen carácter irrevocable. La cesión incluye derechos sobre el espacio aéreo y los recursos naturales, y se concretarán una vez que se terminen estudios y evaluaciones topográficos y sean ratificados por el Gobierno

Tras días de sobre este caso el Gobierno rompió el silencio y negó su vinculación con este caso en el que estarían relacionados con actores políticos, autoridades de las tres naciones indígenas de Beni y Pando, empresarios y funcionarios públicos.

La organización política de los pueblos indígenas en Bolivia es bastante autónoma y se asemeja a la de un Estado federal con algunas limitaciones. La Constitución Política del Estado “garantiza” el ejercicio del autogobierno y la libre determinación en cuestiones como la gestión territorial, pero establece que todos los acuerdos internacionales son competencia exclusiva del Gobierno nacional.

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