Las empresas mineras estatales continúan con dificultades financieras y operativas, según el balance presentado por el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca, en su primer año de gestión. La autoridad expuso un panorama de paralizaciones, pérdidas económicas y necesidades de mantenimiento en cuatro operaciones del sector público.
Entre los casos mencionados está Epcoro, que, de acuerdo con el ministro, fue recibida paralizada y con pérdidas históricas cercanas a Bs 400 millones. A ello se suman los problemas operativos de las plantas de Vinto, Karachipampa y Capuratas, que enfrentaban paradas no programadas y requerimientos de mantenimiento.
Calderón de la Barca afirmó que estas dificultades obligaron a revisar el funcionamiento de las operaciones estatales y a transparentar la información sobre su desempeño. Según su evaluación, la recuperación de esas capacidades forma parte de la estrategia de ordenamiento del sector iniciada durante el primer año de gestión.
Sin embargo, el informe ministerial no precisó cuánto suman las pérdidas acumuladas del conjunto de las empresas, qué recursos demandará su recuperación ni cuáles son los plazos previstos para normalizar las operaciones. Tampoco detalló metas de producción para Vinto, Karachipampa y Capuratas, ni un cronograma de inversiones para medir el avance de las medidas anunciadas.
En su balance, el ministro sostuvo que el primer año estuvo orientado al ordenamiento institucional, el fortalecimiento de la fiscalización y la recuperación de las capacidades productivas. Añadió que la siguiente etapa deberá consolidar esos avances y traducirlos en mayores oportunidades económicas para el país.
En paralelo, informó que las regalías mineras alcanzaron Bs 2.905 millones hasta septiembre de 2026, un incremento del 103% respecto al mismo periodo de 2025. La diferencia equivale a Bs 1.475 millones adicionales frente a la recaudación registrada un año antes.
De acuerdo con los datos expuestos por la autoridad, ese aumento refleja una mayor generación de recursos por concepto de regalías en el sector minero, ingresos que se distribuyen entre las regiones productoras y financian a gobernaciones y municipios.
En materia de control, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) realizó más de 50 operativos en los nueve departamentos durante nueve meses. Las acciones apuntan a enfrentar la minería ilegal, el contrabando de minerales, la intermediación ilícita, el robo de mineral y los avasallamientos de áreas mineras.
Además, el Ministerio relevó 4.907 procesos de contratación directa correspondientes al periodo 2009-2026, con el objetivo de revisar antecedentes e identificar posibles irregularidades. El ministro no precisó cuántos casos tienen observaciones ni si esas revisiones derivaron en denuncias o investigaciones.