Minería ilegal, violencia y abandono estatal golpean a Remanso del Iténez
La minería ilegal de oro, hechos de violencia y la presunta ausencia de instituciones del Estado configuran un escenario crítico en la comunidad de Remanso del Iténez, en el sureste del Beni y frontera con Brasil, según denunció públicamente el exsenador Fernando Vaca Suárez, quien aseguró que los pobladores viven en condiciones de abandono y temor.
“Matan, destruyen todo, se llevan el oro y no nos dejan nada. Denunciamos ante sordos; parece que Bolivia no nos quiere”, expresó Vaca.
De acuerdo con la denuncia del exlegislador, la comunidad de Remanso del Iténez atraviesa una compleja situación marcada por la expansión de la minería aurífera ilegal, presuntos hechos de violencia y la falta de presencia efectiva del Estado en una región históricamente marginada.
Vaca señaló que recientemente se registró el asesinato de un joven en la zona, caso que, según los testimonios recogidos, estaría vinculado a disputas relacionadas con la actividad minera ilegal.
El presunto autor del crimen continuaría en libertad, generando preocupación entre los habitantes. El exsenador afirmó que en el lugar no existiría presencia permanente del Ministerio Público ni de efectivos policiales.
La denuncia también advierte que la explotación de oro se extiende por sectores como Cerro San Simón, Cafetal, Tiquín y la propia comunidad de Remanso, donde, según se señala, cooperativas y operadores privados realizarían actividades extractivas sin contratos legales ni controles adecuados.
El exsenador recordó que durante su gestión solicitó información al Ministerio de Minería sobre los contratos autorizados en la región, sin obtener respuesta.
Asimismo, indicó que pobladores habrían reportado que un solo pozo minero puede extraer hasta seis kilogramos de oro en una semana, lo que genera cuestionamientos sobre el volumen real de producción y la falta de transparencia en su comercialización.
En el ámbito económico, Vaca Suárez cuestionó el rol del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales (SENARECOM), señalando que no existiría información clara sobre la cantidad de oro explotado ni sobre las regalías que recibe el departamento.
Otra de las observaciones apunta a la Fuerza Naval acantonada en la región, dependiente de la Base Naval “Rubén Darío Gutiérrez”. Según los pobladores, la institución habría señalado que el control de la minería ilegal y la atención del caso de homicidio no se encuentran dentro de sus competencias.