Desde la fundación de la República en 1825 y en descuido de la concepción geopolítica, el país ha tenido grandes problemas de integración y gestión eficiente de las políticas públicas, divisándose en el devenir histórico del ejercicio del poder, el centralismo vinculado a los acuerdos del duopolio entre los departamentos de La Paz y Santa Cruz generadores de endeudamiento y despilfarro del ingreso nacional. Asimismo, la limitación estratégica para que muchos departamentos sean dependientes de la infraestructura carretera y el dumping de la intermediación, proyectando en el coste de oportunidad el enriquecimiento de los líderes de la administración del poder económico, referenciando que el aporte de ambos sobrepasa el 60% del PIB nacional.

Rememorando la Ley de Participación Popular propiciada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se intenta potenciar la asignación de recursos en el marco de un modelo descentralizado y desconcentrado que busque potenciar el desarrollo local, profundizando la gestión autonómica, por supuesto, mal comprendida desde la concepción de gasto, promoviendo costos hundidos para el desarrollo local e inversión paupérrima asociada a la duda de gestión.

El 2006 se da inicio al modelo socio productivo comunitario, consolidándose las transformaciones estructurales de la Constitución Política del Estado (2009), retomando centralismo de Estado que en la práctica ha puesto freno a la perspectiva de profundización de lo planteado por el Modelo del MNR, aunque con matices interesantes, tal el caso de generar por ejemplo un Fondo Indígena que en realidad en vez de promover las inversiones en territorios con la población citada, termino en el despilfarro que ocasionó un gran costo de oportunidad y subdesarrollo para el país.

El modelo de Economía Plural vinculado al capitalismo de Estado ha sido contingente en su administración y la ejecución de sus políticas económicas, los subsidios mal llamados subvenciones no han mejorado el flujo del PIB y a partir del 2014 caen las reservas internacionales netas. La perturbación del COVID 19 y la conflictividad político social, marcan una dura caída del PIB el 2020 y el camino de la estanflación en el que estamos viviendo, con inminente riesgo de recesión y caída a depresión, demostrándose que la Asamblea Plurinacional, su relación con el gobierno de Luis Arce Catacora, no ha sido eficiente en la toma de decisiones de inversión, aspecto que pone nuevamente en tela de juicio la eficiencia en la gestión de las inversiones en las distintas áreas o programas, sus resultados, impactos, credibilidad y gobernanza democrática.

En la actualidad, bajo la presidencia de Rodrigo Paz Pereira, existe un planteamiento del 50% de los recursos para el Estado y 50% que podría aprovecharse efectivamente encaminando enmiendas importantes en la CPE que promuevan la eficiencia organizacional operativa, elementos que nos permiten analizar una coyuntura en la que la posibilidad de implementar la ruta hacia el federalismo implique el aprovechamiento de los avances existentes, aunque incipientes, para la proyección de las autonomías municipales que cuentan con la aprobación de sus cartas orgánicas, eliminando  la división política de las provincias en el contexto departamental, menguando y haciendo eficiencia del aparato burocrático.

La incoherencia de la administración institucional, constituye uno de los factores incrementales del gasto gubernamental y el déficit fiscal que no acompañan la inversión pública y su alianza con la aplicación privada, aspecto que se debe revertir a través del impulso de la organización con gestión eficiente en vínculo con el modelo de reforma federal, siendo esta una posibilidad estratégica destinada a optimizar la economía y las finanzas en función de la toma de decisiones de inversión que apoyen el crecimiento diversificado y el desarrollo multifacético desde la óptica territorial descentralizada.

Si los nueve departamentos asumen un modelo de federalismo, se podría reducir el gasto estatal en un margen del 30 al 40%, cifra significativa que disminuye la variabilidad del ingreso y el proceso de inversión cuestionado en resultados y externalidades positivas.

El modelo mantendría la representación mixta de los asambleístas desde el enfoque territorial, poblacional e indígena en consideración de los objetivos de política pública inclusiva, que evite la vulnerabilidad de sectores ante la influencia de la economía sucia; además de, considerar una ruta de aprendizaje que satisfaga la posibilidad de aplicación de currículo diferenciado en función de la diversidad de piso ecológico y nacionalidad.

La varianza o dispersión poblacional, densidad demográfica, criterios políticos, gestión de economía y desarrollo han perjudicado significativamente el crecimiento diversificado del PIB y por ende la mejora de oportunidades que disminuyan las desigualdades, aspecto favorable para gestionar un federalismo sano y efectivo para la generación de inversión que ajuste la regulación en beneficio del bien común.

La gestión de políticas fiscales desconcentradas en el marco de la transparencia es vital para el resultado e impacto de las inversiones en el territorio federal, además de, la especialización que deben tener los representantes y funcionarios públicos que tendrían que ser parte de la meritocracia para garantizar el complemento entre el gasto corriente y la inversión pública.

Desde el Estado Federal y el gobernador líder en la gerencia pública de alto nivel, resulta más operativo gestionar el relacionamiento nacional con integración territorial, además de impulsar procesos de integración supranacional. Ya no existirán duplicidad de proyectos entre municipios; para bien, se encaminaran proyectos concurrentes que en la ejecución garanticen  sostenibilidad enfocada desde la ética, compromiso generado desde la planificación participativa y con garantía de la comunicación asertiva que promueva priorización de los objetivos del sistema, y en caso, de divergencia, convergencia y ambivalencia, se generen los procesos de complemento y negociación que correspondan para promover sinergias ante la resistencia al cambio y factores adversos propios de la perturbación del cambio climático.