El daño económico que dejó la gestión anterior no puede ser minimizado ni olvidado, la corrupción y la improvisación de algunos de sus principales responsables estancaron la economía, erosionaron la reputación del Estado y afectaron directamente la confianza de inversionistas y ciudadanos, no se trató de errores aislados sino de decisiones deliberadas que reflejaron la ausencia de criterio técnico y la prevalencia de intereses personales por encima del bien común.

Algunos ministros de aquel período actuaron como si fueran genios sin contar con experiencia ni capacidad suficientes, dejando al país embarrado con inversiones mal planificadas, proyectos sin impacto real y un desorden administrativo que aún hoy exige corrección, el caso más emblemático es el del exmandatario Luis Arce Catacora y su entorno, que olvidaron que las inversiones deben estar guiadas por la virtud, dirigidas al desarrollo sostenible y al bienestar general, y no ser instrumentos de la codicia y el interés personal.

El mal manejo de los recursos excedió la improvisación, se transformó en prácticas que enriquecieron a unos pocos, el subsidio, mal llamado subvención, fue utilizado para favorecer intereses privados, dejando de lado su objetivo social, y la gestión no regulada de criptomonedas permitió transacciones irregulares en la compra de hidrocarburos, se adulteraron combustibles y se comercializó gasolina de pésima calidad, generando un daño económico directo a la sociedad, según la fuente del Ministerio de Hidrocarburos, muchos automóviles resultaron averiados y los costos de reparación fueron altísimos, afectando a los propietarios sin que exista hasta ahora una compensación efectiva.

Según la fuente Activos Bolivia, la corrupción en el sector de hidrocarburos genera pérdidas de hasta US$ 1.500 millones al año, producto de sobreprecios, contratos irregulares y otros esquemas ilícitos, mientras que el Estado boliviano gasta aproximadamente US$ 2.000 millones anuales en subsidios a combustibles, de los cuales, según la fuente del Ministerio de Hidrocarburos, se pierden cerca de US$ 600 millones anuales por contrabando hacia países vecinos, cifras que muestran que la mala gestión tiene consecuencias directas para la economía y la sociedad.

La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la responsabilidad de nombrar un nuevo Contralor que investigue a fondo la gestión saliente, sin embargo esta acción no debe limitarse a la esfera institucional, los nuevos ministros, especialmente aquellos de confianza de Rodrigo Paz y Edman Lara, deben impulsar auditorías externas en sus carteras y en las entidades públicas, según la fuente de Energía Debate, esta medida no solo busca transparencia sino también establecer un precedente claro, la sociedad boliviana no puede ser engañada ni tolerar la repetición de prácticas que debilitan al Estado.

El modelo de gestión anterior mostró una falla estructural fundamental, jamás se aplicó una gestión de proyectos basada en criterios de impacto, resultado y virtud, las inversiones se hicieron sin responder preguntas esenciales como qué producir, para quién, cómo, con quién, cuándo y dónde, tampoco se consideró la estructura organizacional y gerencial adecuada, lo que amplificó los errores y el daño económico y social.

Es momento de aplicar el imperio de la ley sin excepciones, la sociedad exige justicia, transparencia y responsabilidad, solo mediante auditorías rigurosas, rendición de cuentas y proyectos con criterios claros y virtuosos Bolivia podrá recuperar la confianza perdida y garantizar que futuras inversiones generen un impacto real y duradero en la economía, la sociedad y el bienestar colectivo, según la fuente de Enfoque News.

El mensaje es inequívoco, la impunidad no puede ser tolerada, la corrupción sistemática, el enriquecimiento ilícito y la mala gestión dejaron cicatrices profundas, corresponde a los gobernantes actuales, con firmeza y criterio técnico, poner fin a estas prácticas y asegurar que las lecciones del pasado se traduzcan en un futuro más sólido, transparente y virtuoso para el país.