Muchas veces, en medio de los cuestionamientos que surgen alrededor de una institución pública, olvidamos algo tan sencillo como importante: detrás de cada cargo hay una persona, una historia y años de esfuerzo que merecen ser considerados antes de emitir un juicio de valor.
Exigir transparencia, investigar posibles hechos de corrupción y pedir que quienes hayan cometido irregularidades respondan ante la ley es necesario. Nadie debe estar por encima de la justicia. Sin embargo, una cosa es exigir que se esclarezcan los hechos y otra muy distinta es señalar a todos por igual, sin conocer la responsabilidad de cada persona.
Lo que ocurre alrededor de la Fiscalía Departamental del Beni me lleva a una reflexión que considero necesaria, no solamente para esta institución, sino también para todas las entidades públicas.
Cuando una autoridad es cuestionada, muchas veces la desconfianza termina alcanzando a quienes trabajaron y acompañaron durante su gestión. Surgen las dudas y los señalamientos, y se pone en tela de juicio la trayectoria de profesionales sin detenerse a examinar sus actuaciones.
Entonces, cabe preguntarnos: ¿desde cuándo haber trabajado bajo la administración de una autoridad significa compartir sus decisiones, sus errores o sus posibles responsabilidades?
En el caso de la Dra. Silvia Erika Valverde Aguirre, Ex fiscal departamental del Beni, considero que también corresponde examinar su trayectoria profesional con objetividad. Como sucede con cualquier profesional que ha desempeñado funciones dentro de una institución pública, su actuación debe valorarse a partir de sus antecedentes profesionales, las decisiones que adoptó y los resultados de su gestión, sin prejuicios ni conclusiones anticipadas. Esto no significa que esté exenta de cuestionamientos, sino que cualquier valoración debe sustentarse en hechos concretos y verificables.
La trayectoria profesional de una persona constituye un elemento que merece ser considerado, pero no debe utilizarse como argumento para descartar posibles irregularidades. Del mismo modo, los cuestionamientos a una gestión tampoco deberían borrar automáticamente todo lo que una persona ha construido durante su vida profesional.
Quiero dejar algo claro: esta reflexión no busca defender a la Dra. Valverde ni justificar a ninguna autoridad. Me preocupa que, en nuestro afán de cuestionar lo que consideramos incorrecto, terminemos perdiendo la capacidad de distinguir entre una sospecha y una responsabilidad demostrada.
Si queremos combatir la corrupción, debemos hacerlo con firmeza, sin encubrimientos ni privilegios. Pero también con sensatez, evitando que una denuncia contra una persona se convierta en una condena anticipada para quienes compartieron con ella un espacio de trabajo.
Las autoridades posesionadas durante una determinada gestión en este caso los fiscales tienen sus propias trayectorias, conocimientos y responsabilidades. Cada uno debe responder por sus actos, porque compartir una institución no significa tener la misma conducta ni ser responsable de las mismas decisiones.
¿Es justo que un profesional vea cuestionados sus años de preparación solamente porque una autoridad lo posesionó? ¿Es correcto poner en duda su honestidad sin revisar primero sus actuaciones? ¿Qué sucede con quienes han cumplido sus funciones con responsabilidad y terminan siendo señalados por haber formado parte de una determinada administración?
Estas preguntas merecen una respuesta sincera, porque esta situación no se limita a la Fiscalía del Beni. Puede ocurrir en una gobernación, una alcaldía, un ministerio, una dirección departamental o cualquier otra institución pública. Cada vez que cambia una autoridad, existe el riesgo de que se ponga en duda, de manera generalizada, la trayectoria de quienes trabajaron durante la gestión anterior.
No podemos aspirar a tener instituciones sólidas si cada cambio de autoridad se convierte en una oportunidad para descalificar todo lo que se hizo antes. Los cargos públicos deben estar sujetos a evaluación, las designaciones deben ser transparentes y las irregularidades deben investigarse. Si se demuestran responsabilidades, corresponde aplicar la ley. Pero también debemos reconocer los méritos cuando existen y evitar que los prejuicios sustituyan a los hechos.
Hay algo más que no deberíamos olvidar: las consecuencias humanas de un señalamiento injusto. Detrás de cada nombre hay una persona, una familia, años de preparación y sacrificios que muchas veces los demás desconocemos. Una reputación profesional no se construye de un día para otro, pero puede verse afectada rápidamente por acusaciones y comentarios cuyas consecuencias son difíciles de reparar.
Esto no significa guardar silencio ante las irregularidades por temor a perjudicar la imagen de alguien. Denunciar es importante cuando existen motivos para hacerlo. Lo que no deberíamos hacer es convertir la crítica en una condena colectiva ni olvidar que toda persona merece ser evaluada con imparcialidad.
No pido que se crea ciegamente a ninguna, autoridad o funcionario. Pido que se mire a cada persona con objetividad, que se revisen sus actuaciones y que no se confunda una designación con una prueba de conducta irregular, ni la cercanía institucional con la complicidad.
La justicia no consiste únicamente en investigar y sancionar. También exige respeto por los derechos de las personas y la capacidad de reconocer que cada caso tiene sus propias circunstancias.
Pensemos, por un momento, en cualquier profesional que ha dedicado años a estudiar, trabajar y cumplir sus funciones. ¿Nos parecería justo que toda su trayectoria quedara bajo sospecha solamente porque la autoridad que lo posesionó está siendo cuestionada? Si consideramos que eso sería injusto, debemos tener la misma disposición para reconocerlo cuando les sucede a otros.
La empatía también consiste en ponernos en el lugar de quien está siendo señalado. No para justificarlo de antemano, sino para recordar que nadie debería ser condenado socialmente sin que antes se conozcan los hechos. A veces, la indignación que nos provocan determinadas situaciones nos hace olvidar que ser justos también significa saber escuchar, analizar y distinguir.
No podemos pedir una sociedad más justa mientras aceptamos que se juzgue a las personas sin diferenciar sus responsabilidades. Tampoco podemos combatir la corrupción destruyendo indiscriminadamente la confianza en todos los profesionales de una institución.
Quien haya cometido una falta debe responder por ella. Quien haya abusado de su cargo debe rendir cuentas. Pero quien no haya incurrido en irregularidades no debería cargar con una culpa ajena.
Esa es la reflexión que quiero compartir. No se trata de defender nombres, gestiones ni intereses particulares, sino de recordar un principio fundamental: la responsabilidad es individual, los méritos deben valorarse con objetividad y la justicia no puede depender de quién nos agrada, de quién nos genera desconfianza o de quién firmó un documento de posesión.
Combatir la corrupción es indispensable, pero hacerlo sin perder la humanidad también lo es. Una sociedad verdaderamente justa no es aquella que señala a más personas, sino aquella que tiene la madurez de distinguir entre quien debe responder por sus actos y quien merece ser evaluado sin prejuicios.
La justicia que necesitamos es aquella que no encubre a nadie, pero que tampoco condena a todos por igual; una justicia que investigue con firmeza, reconozca los méritos cuando corresponda y nunca olvide que, detrás de cada nombre, hay una persona que merece ser tratada con dignidad.