Presión fiscal: Señala que mantener el subsidio a los carburantes le cuesta al Estado unos diez millones de dólares diarios y frena el equilibrio económico.
Cálculo político: Sostiene que la continuidad de la medida obedece al temor a protestas de sectores clave y a cálculos electorales hacia el año 2030.
LA PAZ (LPB).– En un duro pronunciamiento sobre la coyuntura económica del país, el senador José Ormachea cuestionó la política cambiaria del Gobierno y advirtió que la continua depreciación del boliviano frente al dólar afecta de manera directa el bolsillo de las familias bolivianas. Según el legislador, la causa central de este fenómeno no requiere de complejas explicaciones macroeconómicas, sino que responde directamente a la falta de divisas suficientes en el mercado nacional.
Ormachea enfatizó que la escasez de dólares se agrava por la decisión estatal de mantener la subvención a la gasolina y al diésel. Argumentó que el congelamiento de precios representa un gasto diario aproximado de diez millones de dólares que el Estado podría ahorrar para abastecer la demanda de divisas y evitar una espiral hiperinflacionaria.
Especulación y temor a sectores sociales
Para el legislador, el motivo por el cual el Ejecutivo no levanta el tope a los precios de los carburantes radica en la aprensión a la reacción de sectores estratégicos como el transporte organizado, los exportadores y el cooperativismo minero.
"Están atemorizados por cómo vayan a reaccionar los sectores clave. Es una medida cortoplacista para buscar que la aprobación gubernamental se estabilice o no toque fondo, sacrificando la estabilidad y la credibilidad del país a mediano plazo", aseveró el parlamentario.
Comparación con modelos anteriores
En su análisis, el senador Ormachea afirmó que esta estrategia económica no marca una diferencia sustancial respecto a las políticas aplicadas en las gestiones de Evo Morales y Luis Arce, calificándola como un modelo de "facilismo y prebenda" enfocado en la supervivencia del día a día.
Finalmente, advirtió que mantener decisiones de coyuntura no resuelve los problemas estructurales de la economía nacional y terminará comprometiendo la viabilidad de cualquier proyecto político con miras a las elecciones del año 2030.