Tras el lanzamiento del Censo Agropecuario, el Jefe de Estado destacó la señal de descentralización hacia el Beni, justificó el cambio del Fiscal General por nexos con la corrupción y el crimen organizado, y aseguró que el país se prepara para crecer a partir de 2027.
Por la Redacción / La Palabra del Beni.— En un contacto directo con los medios de comunicación tras concluir el lanzamiento del Censo Agropecuario 2026 en la capital beniana, el Presidente del Estado Plurinacional, Rodrigo Paz Pereira, abordó temas centrales de la coyuntura política, judicial y económica de Bolivia, ratificando su compromiso de "ordenar la casa" antes de proyectar el crecimiento económico hacia el año 2027.
El mandatario subrayó que la elección de Trinidad como sede del operativo nacional es una señal clara de que todas las regiones son priorizadas en la toma de decisiones estatales.
Justicia y reforma a la Constitución
Al ser consultado sobre las prioridades de su gestión en un contexto complejo de crisis heredada, Paz destacó la necesidad de transformaciones profundas en el sistema institucional:
Remoción en la Fiscalía General: El Presidente justificó la destitución del anterior Fiscal General y la posesión de Armando Urioste como un acto inédito en el continente pero urgente ante la gravedad de los hechos: "Se tuvo que tomar determinaciones complejas. El grado de corrupción y la vinculación con el crimen organizado por las señales que daban era muy grande, encontrándose muestras y cantidad de recursos", afirmó.
Apertura de la Constitución a las inversiones: Paz anunció que se impulsará una gran reforma judicial y constitucional para destrabar el desarrollo económico de regiones como el Beni. "El Beni tiene grandes oportunidades en minería, hidrocarburos e inversiones, pero tenemos una Constitución limitante. Las leyes se aprueban pero la Constitución nos frena", remarcó.
Firmeza ante amenazas de bloqueos
Ante el anuncio de movilizaciones por parte de sectores sociales de oposición, el Jefe de Estado diferenció el derecho a la protesta social respecto a las medidas de presión violenta o el estrangulamiento de las carreteras:
Sanción penal al estrangulamiento económico: "Protestar es un derecho constitucional, pero bloquear ya es parte de otro tipo de acción. En los 53 días anteriores hubo narcoterrorismo subvencionado. El que esté en esa actitud se va a ir a la cárcel, porque en Bolivia la ley se cumple", sentenció el mandatario, asegurando que su gobierno mantendrá el diálogo pero no tolerará el quebrantamiento del orden público.