“De las 32 privadas de libertad, solo cuatro ejercieron su derecho al voto. Esto nos preocupó porque identificamos que muchas de ellas no pudieron votar debido a que no se realizó el cambio de domicilio correspondiente”, explicó Condori. Agregó que muchas de las internas provienen de provincias y no cuentan con registros actualizados en el recinto penitenciario, lo cual les impidió participar en el proceso.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo actuó rápidamente. “Hemos gestionado ante el Tribunal Electoral Departamental los certificados de impedimento para que las internas no se vean afectadas en sus derechos”, afirmó. Además, lamentó que no se hayan tomado las previsiones necesarias desde el Régimen Penitenciario y la administración del penal para garantizar el derecho al voto de estas mujeres.

La Defensoría también informó sobre su labor de supervisión durante la jornada electoral en otros puntos del departamento. “Hemos realizado verificaciones en Trinidad, Riberalta y otras regiones del país, según lo instruido por el Defensor del Pueblo de Bolivia. En cada caso, buscamos garantizar que todos puedan ejercer su derecho al voto sin obstáculos”, destacó.

Entre las acciones realizadas, Condori mencionó que se brindó apoyo a personas de grupos vulnerables. “Acompañamos a adultos mayores, garantizando trato preferente, y trasladamos a una señora embarazada para que pudiera votar. Incluso gestionamos permisos en la unidad militar Capitán Lino Echeverría para que los conscriptos, muchos provenientes de otras localidades, pudieran ejercer su voto en Trinidad”, explicó.

Por último, Condori hizo un llamado a las instituciones encargadas para que tomen previsiones en futuros procesos electorales.

“Es necesario garantizar que el derecho al voto sea efectivo para todos los ciudadanos, incluyendo a quienes se encuentran en recintos penitenciarios. Este es un compromiso que debemos asumir como sociedad”, concluyó.