Hacer política implica el enfoque de las relaciones en el marco de una comunicación asertiva que fortalezca la democracia y genere gobernabilidad.

El presidencialismo boliviano, atraviesa hoy una de sus distorsiones más graves, traducida en la ruptura abierta y a veces disfrazada entre el presidente y el vicepresidente del Estado. No se trata de una simple diferencia de criterios, sino de una comunicación cargada de intriga, silencios estratégicos y mensajes cruzados, que responde negativamente al interés nacional, la gobernanza sabia, sustituyéndola por la priorización de agendas particulares y cálculos de poder.

En un sistema presidencialista, la dupla presidente–vicepresidente debería actuar como un eje de coordinación política, institucional y simbólica. Cuando ese eje se quiebra, el efecto dominó es inmediato: se debilita la toma de decisiones, se paraliza la gestión pública y se transmite a la sociedad un mensaje peligroso de que el poder no gobierna, compite consigo mismo.

La mala comunicación entre ambas autoridades no es ingenua ni accidental. Detrás de ella se esconden intereses internos, déficit ideológico, disputas por liderazgo futuro, control partidario y posicionamiento frente a actores económicos y corporativos. La intriga sustituye al diálogo, la filtración reemplaza a la institucionalidad y la confrontación se convierte en una estrategia política. El resultado es una oposición interna que erosiona al propio gobierno y encarece la gobernabilidad.

El costo de este enfrentamiento no lo pagan quienes intrigan, sino el país. Se paga con incertidumbre económica, con desconfianza ciudadana, con debilitamiento de las instituciones y con un pésimo ejemplo para una sociedad, hoy cansada de la improvisación política. Cuando los máximos gobernantes no se comunican con transparencia ni coherencia, se normaliza el conflicto, se legitima el caos y se profundiza la crisis de credibilidad del Estado.

Más catastrófico es el efecto pedagógico negativo, enseñando que el poder se ejerce desde la confrontación, que el cálculo personal está por encima del mandato popular y que gobernar es una disputa permanente, no una responsabilidad histórica. En un país con fracturas sociales profundas, este comportamiento es irresponsable y peligroso.

Bolivia no necesita un presidencialismo fracturado, ni un cogobierno en guerra fría, necesita de liderazgos que comprendan que la comunicación política no es propaganda ni intriga, sino coordinación, claridad y responsabilidad pública. Sin ello, cualquier proyecto político está condenado a desgastarse y a arrastrar al país consigo.

La historia boliviana ya ha demostrado que cuando el poder se fragmenta internamente, el vacío lo llenan la informalidad, la especulación, los intereses externos y la desinstitucionalización. Persistir en esta lógica es repetir errores conocidos, con resultados previsibles y costosos, ya que gobernar no es conspirar; gobernar es comunicar, decidir y responder ante la historia.