“Contamos con 312 procesos administrativos por quemas ilegales en todo el país, de los cuales 173 son en propiedades privadas y 139 en propiedades comunitarias, y la gran mayoría están en Santa Cruz”, informó, según la agencia ABI, el director general de Asuntos Jurídicos de la institución, Ramiro Vidaurre.

Según los datos oficiales, se emitieron 175 procesos administrativos en Santa Cruz, 54 en Beni y 83 distribuidos en los demás departamentos.

Asimismo, la ABT inició 82 procesos penales por incendios y quemas ilegales, de los cuales 4 cuentan con sentencia condenatoria contra los responsables de los ilícitos que se sometieron a procedimientos abreviados.

Vidaurre recordó que la ABT planteó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) una propuesta normativa sobre el incremento de sanciones del tipo penal para incendios forestales.

“Diseñamos una figura penal que es de incendio forestal, que se caracteriza cuando recae en áreas protegidas, tierras fiscales o en tierras de protección, y establece el incremento de la sanción para estos delitos”, dijo.

Señaló que se plantea una sanción de 4 a 8 años cuando se provocan incendios en tierras fiscales y de 6 a 12 en áreas protegidas.

La ABT aguarda que la Asamblea Legislativa apruebe lo más rápido posible el nuevo tipo penal para desincentivar las quemas ilegales.