Líderes de la Subcentral del Pueblo Indígena Movima y de la Subcentral de Mujeres Indígenas Movimas (SMIM), respaldados por la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), denunciaron que el predio dotado en favor de la comunidad Cotoca del Moseruna sufre el amedrentamiento y cierre de caminos por parte de particulares. Tras ejercer su justicia indígena originaria, reportaron el hallazgo de un armamento oculto retenido por la Policía.
En conferencia de prensa llevada a cabo por la dirigencia indígena en la ciudad de Trinidad, representantes del pueblo Movima del municipio de Santa Ana del Yacuma expusieron la crítica situación de inseguridad y vulneración de derechos territoriales que enfrentan las comunidades locales dentro de sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO 1 y 231).
Acompañados por Robin Onario Vale, vicepresidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), los dirigentes indígenas hicieron un llamado urgente al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a Derechos Reales y a las autoridades policiales para garantizar su integridad física y la seguridad jurídica de sus tierras.
Antecedentes del proceso de dotación y resoluciones del INRA
Miguel Fredy Rea Mendoza, presidente de la Subcentral del Pueblo Indígena Movima, explicó que el conflicto territorial se origina en un área recortada de aproximadamente 4.597 hectáreas que pasó a ser declarada tierra fiscal por no cumplir con la Función Económica Social (FES).
Dotación y titulación: Dicha área fue dotada formalmente mediante resolución administrativa a favor de la comunidad indígena Cotoca del Moseruna, contando la organización matriz con la titularidad del derecho propietario registrado en Derechos Reales y con plano catastral.
Proceso de desalojo e incumplimiento: Pese a que el INRA emitió una orden de desalojo tras una inspección ocular realizada a raíz de denuncias presentadas, el denunciado Jorge Paz y sus allegados no acataron la disposición administrativa, manteniendo el bloqueo de caminos de acceso e impidiendo el asentamiento productivo de las familias comunarias.
Ejercicio de la jurisdicción originaria, enfrentamientos y hallazgo de armas
Ante la falta de ejecución del desalojo y amparados en la Constitución Política del Estado (artículos 30, 190 y 191), las autoridades de la Subcentral Movima y la Subcentral de Mujeres se trasladaron al predio "California" para ejercer la justicia indígena originaria campesina.
Durante la intervención, los comunarios sufrieron amedrentamientos con disparos de armas de fuego e intentos de amedrentamiento por parte de supuestos grupos armados contratados en el lugar. Tras el retiro de los ocupantes, los dirigentes denunciaron haber descubierto siete armas de fuego ocultas en un pajonal cercano a la infraestructura del predio.
"Nosotros no tocamos esas armas; denunciamos de inmediato y la Policía llegó al lugar para realizar el secuestro correspondiente. Exigimos al Estado que se transparente la situación y que se nos brinden garantías de seguridad, porque el derecho propietario legítimo le pertenece al pueblo indígena Movima", aseveró Rea Mendoza.
Exigencia de garantías para dirigentes y mujeres indígenas
Por su parte, la representante de la Subcentral de Mujeres Indígenas Movimas ratificó que las dirigentes y comunarias sufren constantes amenazas de muerte por parte de los denunciados. La dirigencia exigió la aprehensión inmediata de los responsables materiales de las agresiones y el cese a la persecución contra las familias que buscan desarrollar agricultura familiar en sus territorios ancestrales.