Rechazan expropiación del Mercado Campesino y amenazan con bloqueos
DEFENSA. Nuestro mercado no se negocia, a parte que más de dos años venimos peleando por la usucapión y no nos han dado audiencia hasta ahora, dijo a tiempo de complementar que ese centro tiene 34 años de funcionamiento.
Diferentes organizaciones de Trinidad expresaron, el lunes, su apoyo a los comerciantes del Mercado Campesino, que rechazan la expropiación de sus predios por 35 millones de bolivianos ordenada mediante sentencia constitucional contra el Gobierno Autónomo Municipal.
La marcha con la presencia de los afectados, Federación de Juntas Vecinales de Trinidad, Federación de Trabajadores Campesinos del Beni, asambleístas, entre otros sectores, protestó contra ese fallo frente al Tribunal Departamental de Justicia.
La presidenta del Sindicato 27 de Mayo de ese centro de abasto, Irina Saavedra, informó que se encuentran en estado de emergencia porque está en riesgo el trabajo de más de 1.300 familias que tienen más de 200 puestos de venta en sus instalaciones.
Nuestro mercado no se negocia, a parte que más de dos años venimos peleando por la usucapión y no nos han dado audiencia hasta ahora, dijo a tiempo de complementar que ese centro tiene 34 años de funcionamiento.
La ejecutiva de los campesinos, Katiuska Guzmán, pidió reflexionar a los administradores de justicia y que actúen de forma transparente, de no ser asumirán medidas de presión para hacerse respetar.
Vamos a salir a las calles reclamando lo que por derecho nos corresponde, señores de la justicia no hagan esto a su pueblo, pronto van a tener que salir y rendir también cuenta a la justicia, advirtió.
El presidente del distrito 3, Roy Siles, dio plazo de 24 horas a la justicia para resolver dicho problema, de contrario ingresarán a sus ambientes porque es la casa del pueblo.
El alcalde Cristhian Miguel Cámara, mediante un oficio dirigido a César Adalid Siles Bazán, procurador General, solicitó la intervención por supuestas irregularidades en la acción popular presenta en agosto de 2022, en contra de la comuna, favoreciendo a Juan Sebastián Atilio Paz Quaino (supuesto propietario), que fue beneficiado con la sentencia constitucional en un tiempo record.