Bolivia atraviesa una encrucijada histórica. La caída de las reservas internacionales netas (RIN), el riesgo país alarmantemente alto y la desaceleración económica han expuesto las fragilidades de un modelo económico agotado, denotando un panorama sombrío, que lejos de ser únicamente un fenómeno técnico, nos permite hacer un llamado urgente a repensar las bases del contrato social que sustenta nuestra nación.

Desde 2019, la economía boliviana ha mostrado signos inequívocos de estancamiento, profundización de la conflictividad social y política, inflación subsidiada que ha escondido la incompetitividad y la pérdida de reservas internacionales que refleja no solo un déficit en la balanza de pagos, sino también una profunda falta de confianza en nuestras instituciones. El aumento del índice de riesgo país es una manifestación de la incertidumbre que tienen los mercados con traducción de la desconfianza que tiene la ciudadanía ante un gobierno que ha optado por la implementación de políticas cortoplacistas y parches, antes que, soluciones estructurales.

En este contexto, la desaceleración económica no puede abordarse únicamente con políticas monetarias o fiscales. Es necesario un cambio de paradigma, pero más que eso, es imprescindible un pacto social real. Este pacto debe ser el resultado de un diálogo sincero, inclusivo y comprometido con la unidad de nuestra diversidad. No se trata de uniformar opiniones o de imponer un modelo; se trata de cogobernar, de encontrar un camino en el que todos los sectores sociales, económicos y culturales sean escuchados y tengan un rol activo en la construcción del futuro.

El modelo basado en la explotación de recursos naturales ha demostrado ser insostenible. Las promesas de desarrollo derivadas del gas natural y otros recursos estratégicos como el litio han quedado en el aire. Es hora de diversificar nuestra base económica, invirtiendo en sectores de alto valor agregado y adoptando tecnologías que permitan integrar a Bolivia en las cadenas globales de valor. Sin embargo, estas transformaciones solo serán posibles si recuperamos la credibilidad como nación.

Un pacto social no es una utopía. Es un compromiso que exige sacrificios y concesiones, pero que tiene el poder de restaurar la confianza entre el gobierno, los ciudadanos y los actores internacionales. Este pacto debe incluir: (i) Transparencia y lucha contra la corrupción, lastre que ha erosionado nuestras instituciones, debiendo implementarse mecanismos de control efectivos que propicien la rendición de cuentas en todos los niveles; (ii) El equilibrio en la distribución del poder practicado a través del cogobierno, debe ser una práctica real, donde las decisiones no sean impuestas desde las élites indoctas, sino acordadas con la sociedad civil, los pueblos indígenas, los sectores empresariales y los trabajadores; (iii) La unidad en la diversidad, ya que nuestro país es rico en culturas y tradiciones, siendo esta diversidad el motor de cohesión, no de división, reconociendo y valorando nuestras diferencias para el constructo de una identidad común múltiple; (IV) Implementar políticas económicas sostenibles, más allá de las recetas ortodoxas o heterodoxas, necesitamos políticas que respondan a nuestra realidad, priorizando la estabilidad macroeconómica, la creación de empleo y la inclusión social.

Bolivia puede renacer, pero solo si abandonamos la polarización y los discursos que dividen. Es momento de reconocer que la solución no vendrá únicamente de un cambio de modelo económico, sino de un cambio en nuestra forma de relacionarnos como sociedad. El pacto social no solo es necesario; es la única salida para reencauzar la credibilidad del país y garantizar un futuro digno para las próximas generaciones.

Como economista, pero también como ciudadano comprometido, hago un llamado a la unidad, para dejar de lado las diferencias que nos fragmentan y construir juntos, el país que todos soñamos. Bolivia no puede permitirse seguir postergando su grandeza.