En los países miembros del “Club de la Miseria”, interpretando y aplicando los argumentos de nuestro colega Paul Collier, las elecciones judiciales representan un mecanismo político que busca democratizar el acceso a los órganos de justicia. Sin embargo, estas elecciones están frecuentemente marcadas por problemas estructurales que cuestionan la idoneidad y legitimidad de los magistrados elegidos, permitiéndonos lo argumentado plantear: ¿Cómo influyen las condiciones estructurales y políticas en la elección de autoridades judiciales en Bolivia, y qué impacto tienen estas elecciones en la calidad de la justicia y la confianza ciudadana en las instituciones?

A través del análisis de aspectos positivos y negativos, la elección judicial permite, en teoría, que los ciudadanos sean partícipes en la conformación de los órganos judiciales y que el marco jurídico boliviano garantice la realización periódica de elecciones como un mecanismo de control democrático. Asimismo, el evento podría ser una plataforma para introducir principios de meritocracia y transparencia, además de constituirse en un medio para fomentar una mayor concienciación ciudadana sobre el papel del poder judicial.

En el análisis de las desventajas del proceso, denotamos la politización, en el que las candidaturas suelen estar influenciadas por intereses de los partidos políticos, lo que debilita la independencia judicial, además de la postulación de “personajes” que no necesariamente cumplen con los requisitos técnicos y éticos necesarios para desempeñar sus funciones.

Por otra parte, el desinterés y/o  la desconfianza hacia el proceso se reflejan en altos niveles de voto nulo o blanco, sin olvidarnos que la ausencia de opciones reales y la desinformación coartan la capacidad del ciudadano para ejercer un voto libre e informado en acompañamiento de la percepción de corrupción que cuestiona la idoneidad de la metodología del proceso y en los posibles elegidos, considerando complementariamente, la desconfianza ganada por el sistema judicial cuestionado por su administración histórica.

El modelo de elecciones judiciales en Bolivia, pone en evidencia una contradicción fundamental, mientras que se presenta como un mecanismo democrático, en la práctica está dominado por dinámicas que perpetúan la dependencia política y la restringida independencia del poder judicial, evidenciando las limitaciones de opciones reales para el votante, con suma a la “coacción” que disminuye la transparencia, convierte el proceso en un acto simbólico, más que en una expresión efectiva de soberanía popular y la aplicación del equilibrio pregonado por la palabra justicia.

La politización del proceso no solo deslegitima a las autoridades elegidas, sino que también socava la confianza ciudadana en la justicia como un pilar del estado de derecho. Además, la ausencia de meritocracia genera un impacto negativo en la calidad de las decisiones judiciales, afectando directamente a los ciudadanos más vulnerables, aunque los legisladores que ejecutaron el proceso argumenten lo contrario de manera sinvergüenza, ante las evidencias de un trabajo cuestionado y que han tenido audiencia por la difusión de los hechos anómalos por diferentes medios de comunicación masivo y las redes sociales.

La institucionalidad y la meritocracia son pilares fundamentales para garantizar un sistema judicial independiente y eficiente. En un contexto como el boliviano, donde las elecciones judiciales se han convertido en un ejercicio político, más que, en una oportunidad para fortalecer el estado de derecho, es crucial implementar reformas que prioricen la selección de magistrados con base en criterios objetivos y no de alianzas partidarias.

La democracia del populismo no puede ser utilizada como un pretexto para imponer decisiones que en la elegancia sean parte de la “coacción y/o extorsión del voto”. Solo mediante la construcción de instituciones sólidas y la promoción de una cultura de transparencia y meritocracia se podrá recuperar la confianza ciudadana en el sistema judicial y, por ende, en la democracia misma.