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La búsqueda de la Loma Santa continúa latente en la memoria de los mojeños y la reproducen periódicamente desde 1887 hasta 1985 último caso registrado en la comunidad de Carmen del Aperecito  (Lehm, 1991), aunque en el TIPNIS continúan con este movimiento.

Sin embargo, y después de un siglo de relativa calma, en 1987 surgen conflictos territoriales entre indígenas y empresarios madereros, en el Bosque de Chimanes, pues el Gobierno Nacional otorga concesiones forestales sin tomar en cuenta que allí viven poblaciones indígenas. Así mismo, por el lado del Isiboro-Sécure ingresan los colonos del occidente del país y por el Ibiato, los ganaderos asumen las tierras como propias.

De esta manera los indígenas mojeños rearticulan sus organizaciones en base al Cabildo Indigenal y empiezan un proceso de reorganización política con la emergencia de organizaciones llamadas de nuevo tipo como la Central de Cabildos Indigenales Mojeños (CCIM) que surge del Cabildo de Trinidad en 1987. En base a esta organización supra comunal nace en 1989 la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB).

A través de esta organización que aglutina a todos los pueblos indígenas, se canalizan las demandas territoriales ante el Gobierno Central. Después de un tire y afloje en las negociaciones y al no recibir respuestas favorables a sus demandas, los indígenas deciden marchar hacia la Paz para hacerse escuchar personalmente y protagonizaron la primera e histórica marcha denominada “por el territorio y la dignidad” que partió de Trinidad el 15 de agosto de 1990.

 La marcha fue dirigida por los líderes indígenas Ernesto Noe (+), Presidente de la CPIB,  Marcial Fabricano Presidente Subcentral del TIPNIS, Tomás Ticuazo(+) dirigente del pueblo Sirionó y Antonio Coseruna Presidente Subcentral San Ignacio de Mojos.

En todo el trayecto recibieron la solidaridad de los pobladores y después de caminar más de 600 Kms. en 34 días logran llegar a la ciudad de La Paz, los marchistas fueron recibidos con mucho júbilo, pues por primera vez se ponía al descubierto la pluriculturalidad y multietnicidad del país.

Su pliego petitorio y las demandas territoriales estaban sustentadas en la ocupación tradicional de los espacios multiétnicos, los patrones de asentamiento, las formas de uso y manejo de los Recursos Naturales a través de actividades socioeconómicas en los distintos periodos de su devenir histórico sobre todo en la época prehispánica y el retorno a estos espacios a través de la búsqueda de la Loma Santa.

Después de una intensa negociación, el Gobierno de Jaime Paz Zamora, reconoce los primeros cuatro territorios indígenas a través de Decretos Supremos. Reconoce el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) (D.S. 22609); EL Territorio Indígena Sirionó (TIS)  (D.S. 22610) (ver mapa); dos territorios en el Bosque de Chimanes, El Territorio Chimane (TICH) y el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) (D.S. 22611  (ver mapa), así mismo emitió el D.S. 22612 para elaborar la Ley Indígena.

A partir de 1991, los pueblos indígenas empezaron un proceso de consolidación de sus territorios a través de cursos de capacitación a sus recursos humanos locales, con el apoyo de instituciones de apoyo como CIDDEBENI en el cual participé como técnico social en el TIM, TICH y TIPNIS. Fruto de estos cursos, se formó un grupo de guarda territorios y equipos técnicos que participaron en la elaboración de planes de manejo.

Sin embargo, pudo más el poder político y económico de los empresarios y ganaderos que hicieron todo lo posible por desestabilizar la consolidación de los territorios ya sea a través de algunos funcionarios del gobierno, otras veces por intermedio de los propios indígenas que fueron cooptados por los madereros y se vieron involucrados en la venta ilegal de madera en pie.

Por último, los empresarios madereros se ampararon en las leyes de la República demandando la inconstitucionalidad de los Decretos Supremos que atentaban contra la Constitución Política del Estado, argumentando que territorios indígenas no pueden estar dentro de otro Territorio mayor que es el Estado Boliviano. Nuevamente los espacios territoriales se veían fuertemente afectados y todo el trabajo interno por consolidarlos no tenía el respaldo legal del Estado Nacional.

Entonces los pueblos indígenas nuevamente se movilizan y en 1996 protagonizan la segunda marcha denominada “Marcha por la vida, la educación, salud  y los derechos políticos”. Esta marcha tenía como objetivo principal la titulación de las tierras y territorios indígenas. Fue dirigida por la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) la cual partió de Santa Cruz rumbo a La Paz. Sin embargo, el contingente de marchistas sólo llegó hasta Samaipata y los dirigentes viajaron a La Paz a entablar negociaciones directas con el Presidente y sus ministros.

Producto de esta movilización se logró la promulgación de la Ley INRA en la cual reconoce jurídicamente las Tierras Comunitarias de Orígen (TCOs). A partir de esta Ley los pueblos indígenas lograron consolidar los 4 territorios indígenas y la posibilidad de solicitar más TCOS.

Con esta nueva distribución de la tierra, los pueblos indígenas de tierras bajas lograron consolidar sus espacios territoriales y abrieron la brecha para que los indígenas de tierras altas también soliciten algunas TCOs. Actualmente existen  32  TCOs tituladas en lo que se denomina Tierras Bajas, en los departamentos de Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando. En el Beni hay 19 TCOS.

Si bien existen las garantías constitucionales, agentes externos continúan ingresando a las TCOs para explotar los recursos naturales renovables y no renovables. Los aserraderos y motosierristas, circundantes a las TCOs continúan con la explotación forestal. También continúan con la caza ilegal de la fauna silvestre, la pesca masiva en los ríos, arroyos y lagunas que también son contaminadas con mercurio, por la explotación de oro aluvial. Por último, han ingresado indígenas de occidente a avasallar las tierras comunales y quemar las pampas y bosques con la etiqueta de que son bolivianos con derechos sobre las tierras y a nombre de “interculturales” son avalados por instituciones del Estado que les facilitan los tramites de personería jurídica.

Pareciera que la lógica y la visión de considerar “espacios vacíos” a los llanos y amazonia beniana continua en el chip de los colonos hoy mal llamados interculturales que ingresan con saña y amedrentando a los pobladores que defienden sus tierras.

Pero los pueblos indígenas se aferran a defender sus TCOs, pues son los únicos espacios geográficos que les permitirá vivir en libertad, practicando sus usos y costumbres y elaborando estrategias socio productivas, como medio para mejorar sus niveles de vida.

Esperamos que en este bicentenario, las autoridades de los tres niveles del Estado, puedan corregir los daños ecológicos en los territorios indígenas y TCOs e incidan en políticas públicas que permita a los indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía, VIVIR BIEN.